El organismo alertó a través de un informe de estas prácticas. Algunas viviendas fueron rescatadas y readjudicadas en convenio con Desarrollo Social

A través de un informe, IAPV consignó que son 1.285 los beneficiarios que viviendas que afrontan denuncias por haber intentado vender o alquilar la propiedad.

«Tomamos conocimiento por denuncias de los propios vecinos. Tenés de todo; hay algunos que la venden, incluso hemos detectado a algunas inmobiliarias que ofrecen viviendas: lo hacen a través de las redes, donde hacen publicidad. Estafan a la gente, porque la gente no sabe. La mayoría de los casos se dan en Paraná, pero también sucede en Concordia, en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay», dijo a UNO el presidente de la repartición, Marcelo Bisogni.

El camino para llegar a cumplir el sueño de la casa propia requiere del cumplimiento de una serie de pautas administrativas, justamente para evitar que se cometan maniobras delictivas. Aquellos que resultan adjudicatarios después de cinco años pueden cancelar la deuda y escriturar a su favor.

«Si durante esos primeros cinco años la alquilan, la venden o no la habitan se efectúa la denuncia, por lo que concurren las asistentes sociales y a partir de ahí comienza el proceso judicial», alertó el funcionario.

Cuando se acredita una maniobra ilegal de parte de algún adjudicatario, que consiste en la transacción de la vivienda con un tercero, ofreciendo la propiedad en alquiler o directamente la venta, el IAPV en primera instancia trata de buscar una alternativa de regularización. “Hemos llegado a recuperar esas viviendas; no se rescatan muchas casas, pero hemos rescatado varias, y para esas unidades habitacionales hemos llevado adelante un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, para atender casos muy puntulaes y de suma urgencia en cuestiones de violencia de género o familias con chicos con discapacidades. Se certifica esa condición y luego la vivienda se entrega en comodato, por lo que la vivienda sigue siendo del IAPV”, afirmó Bisogni.

Como el proceso jurídico puede demandar mucho tiempo de resolución, muchas de las viviendas pueden quedar desocupadas o abandonadas, una situación que suelen denunciar los vecinos. “Lo que hacemos es proceder desde las cuatro regionales que tiene el organismo en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay. Hacen las visitas las trabajadoras sociales y es ahí donde se detecta que el adjudicatario se la dejó a la hija, a la hermana o a la tía o al sobrino. Es algo que no se puede hacer, porque la tiene que ocupar el adjudicatario. Algunos la alquilan o la venden; puede pasar que heredaron la casa de la abuela y se fueron a vivir ahí, y luego vendieron o alquilaron la casa”, apuntó el titular del organismo.

Al ser una problemática que comprende aristas complejas y un entramado donde intervienen varios actores, el IAPV asegura que se están instrumentado acciones para sancionar a los responsables. Así lo confirmó Bisogni, que en esta modalidad se comprobó la intervención de inmobiliarias, es por eso que “se ha ido hasta el fondo. Incluso con boletos de compra-venta les dicen a las persona ‘pasá por la Regional del IAPV y te solucionan todo’. Es mentira, estafan a la gente. Hicimos un comunicado el mes pasado informado a la gente de la situación y en especial a las inmobiliarias. Imaginate que te ofrezcan un casa en 300.000 pesos y que después sigas pagando la cuota. Pobre gente. Es un proceso largo que lleva tiempo”.

Para Bisogni se debe lograr un cambio cultural para erradicar este tipo de prácticas, como así también reivindicar el cumplimiento en el pago de las cuotas. “El que paga debe entender que con el tiempo va a tener la escritura definitiva y dejará un bien para su hijo o para su nieto. Aparte hay que tener en cuenta lo que significa el gasto administrativo de repartir 26.000 boletas”, enumeró el responsable de la repartición.