Ángel Gerardo García

Ángel Gerardo García, policía de Santa Elena.

El fiscal General del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, José Ignacio Candioti, pidió 11 años de prisión para el policía Ángel Gerardo García de Santa Elena. Con la etapa de alegatos este lunes concluyó el debate oral al agente público que sometió al delito de trata de personas con fines de explotación sexual a su pareja.

Candioti también solicitó al juez Roberto López Arango, que dirige el juicio, que García ponga a disposición de la mujer un auto Volkswagen Bora, como modo de reparar la violencia económica. Remarcó que la víctima fue sometida a múltiples violencias y que psicólogas dieron cuenta de la supresión de sus rasgos de identidad.

«Se trató a la víctima como mercancía. Es un caso patente de cosificación, y se afectó su dignidad. García actuó concientemente, sabía la ilicitud de lo que hacía y la finalidad de todo era la explotación sexual», dijo.

Precisó que la configuración del delito se dio con cuatro agravantes: la víctima era pareja y conviviente del victimario; él es oficial de la Policía de Entre Ríos; la víctima estaba en situación de vulnerabilidad y él abusó de esa condición; y la explotación sexual se consumó. «Nunca tuvimos un caso en el que se den tantos agravantes como en este», consideró el fiscal, que en su alegato citó variada jurisprudencia del propio TOF de Paraná.

Desde la cárcel, García oyó toda la exposicón acusatoria con permanentes gestos de negación. Tras un cuarto intermedio, el defensor, el abogado paceño Manuel Valle, expuso su hipótesis del caso. Negó la imputación, aseguró que «no hay prueba contundente»; y que todo es una falsa acusación de la mujer porque «preparó el terreno» para separarse del tratante.

Según adelantó el juez López Arango que participó virtualmente de la audiencia, el veredicto y los fundamentos se conocerán el próximo martes 30 de marzo, a las 12.

Explotación sexual

M.E. se animó a contar que su pareja, el policía Ángel Gerardo García de Santa Elena, la sometía a explotación sexual con numerosos hombres y en distintas oportunidades. Pudo sacarse esa mochila de encima después de unos diez años, cuando se animó a relatarle semejante situación a su hermana. De ese modo pidió ayuda. Narró que García acordaba con otros hombres que posteriormente la consumían, agregó que para eso la trasladaba en un Volkswagen Bora, que él se quedaba con la ganancia, y que controlaba todos sus movimientos.

La hermana de M.E. hizo la denuncia por trata de personas y explotación sexual al número 145 que está a cargo del Ministerio de Justicia. Personal de Gendarmería se encargó de hacer el rescate de la mujer. Estaba en la vivienda donde vivía con García. Se dio intervención a la Oficina de Asistencia a la Víctima que, a través del trabajo con psicólogas, detectaron que M.E. había sido sometida, que habían vulnerado sus derechos.

Se abrió una causa federal y las diligencias quedaron a cargo de Gendarmería. En medio de la pesquisa, el denunciado hostigó y amedrentó a la víctima, incumpliendo una orden de restricción por lo cual el juez federal Leandro Ríos dicto su prisión preventiva. Desde 2019 García está en la Unidad Penal N°1 de Paraná. La Cámara de Casación confirmó la prisión preventiva.

El debate ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná comenzó la semana pasada. Ante el juez Roberto López Arango pasaron unos 20 testigos. Este lunes la audiencia se reanudó con los alegatos críticos de las partes.

“Deleznable”

Durante su alegato el fiscal Ignacio Candioti calificó al hecho juzgado de “deleznable”. “García aprovechó su condición de policía”, apuntó y recordó que durante las jornadas pasadas, se supo que apagaba cualquier intento de rebelión por parte de la mujer diciendo que “tenía contactos”. Dijo que este caso es asimilable a otros que ya se juzgaron en el TOF, dado que la explotación sexual no se consumó en un prostíbulo sino “en la calle u hoteles”. “Me recuerda al caso Martínez que llegó a prostituir a una adolescente en una carpa, detrás de la Casa de Gobierno”, aludió al recordado caso que saltó a la luz en 2014 y se juzgó en 2016.

Fiscal José Candioti a cargo de la acusación (Foto: ANÁLISIS). 

Candioti fue enumerando de a una las pruebas producidas en el debate. Recordó que cuando se le dictó una orden de restricción, el policía la incumplió. Recordó que la víctima, una mujer mayor de edad y madre de dos hijos, contó a los investigadores que en2009 García la prostituyó por primera vez, cuando la llevó a una ranchada y la obligó a estar con tres hombres.

“No tengo dudas que García es el autor y responsable de la modalidad de ofrecimiento y traslado agravado por la vulneración de la víctima, porque ella era su cónyuge, porque él es oficial de la Policía; y porque la explotación sexual se consumó”, puntualizó el representante del Ministerio Público Fiscal.

M.E fue rescatada en 2019. “Ella contó cómo lo conoció a García. Dijo que él la invitaba a tomar una cerveza y después la hacía cambiar de ropa, la obligaba a tomar pastillas  y a estar con hombres que la filmaban y le sacaban fotos. Después García usaba esas imágenes para extorsionarla”, manifestó. “Contó que en una oportunidad García la hizo estar con siete policías. Relató que ella lloraba y pedía que la dejen porque estaba sangrando pero no pararon”.

En el alegato -oportunidad en la que se repasa toda la prueba producida en el expediente y el debate oral-, Candioti subrayó que los episodios prostituyentes se repitieron en distintas localidades como Santa Elena, La Paz, Paraná, Villaguay y las ciudades correntinas de Esquina y Goya. Mencionó que la ginecóloga que asistía en una salita a M.E. llegó hasta el TOF la semana pasada y contó bajo juramente que “intuía que algo andaba mal” y que García ejercía un control tan extremo que siempre se aparecía durante las consultas médicas de la mujer.

“La propia M.E. relató acá que una vez le dijo a su mamá que si algo le pasaba, sería responsabilidad de su pareja. También contó que García la controlaba, que no la dejaba hablar a solas con nadie, que la había alejado de  sus amigas y hasta de su familia. La misma víctima ratificó acá el control y sometimiento que ejercía su pareja”, señaló Candioti.

Más adelante recordó que uno de los hijos de M.E. dio crédito a la denuncia. “El propio juez le hizo una pregunta al muchacho y recordó que cuando era chico vio una foto de su mamá con dos hombres en una computadora. Todas estas situaciones fueron refrendadas por psicólogas que observaron a M.E. primero con una reacción temblorosa y temerosa, hasta que se fue soltando. Es que él la amenazaba, le decía que debía vender su cuerpo si quería alimentar a sus hijos. Las psicólogas vieron en M.E una mujer muy vulnerada que estaba despojada de su identidad, que estaba aislada y sin documentación. La subjetividad de la víctima fue avasallada por García, quien por otro lado, según describieron las psicólogas, tenía una actitud típica de los circuitos prostibularios”.

El fiscal subrayó que en el caso está la víctima directa, es decir M.E. y las víctimas indirectas que son los hijos de ella. “Se dieron todas las violencias, la física, la psicológica, la económica, la simbólica y la sexual”, apuntó Candioti. “No se trata esto de que M.E. estaba engrilletada, sino que el imputado fue creando un encarcelamiento psicológico. La vulnerabilidad de ella era previa a conocer a García, fue una madre muy joven que no pudo terminar la secundaria. García la trató como una mercancía, un caso patente de la cosificación, algo que afectó su dignidad. Y él actuó con conciencia, sabiendo la ilicitud”.

“Duda razonable”

El defensor Manuel Valle pidió la absolución de García porque “faltan pruebas contundentes”. Cuestionó al área de Asistencia a la Víctima y dijo que “no se puede esperar de esa oficina un informe imparcial”. “Se trataba de una familia con muchos conflictos internos”, manifestó y aseguró que M.E era “independiente y trabajaba vendiendo rifas”. Calificó en reiteradas oportunidades de “absurda” la acusación fiscal. “No se ha probado la imputación y ante la duda no cabe otro remedio que la absolución de imputado”.

El defensor Valle y su asistente. (Foto: ANÁLISIS)

Más adelante preguntó ¿cómo llegamos a esto? y respondió: “Había una pareja con un conflicto y ella no sabía cómo resolverlo. ¿Qué hizo? Hizo papeles en Anses para cobrar la Asignación Universal, recibe becas para los hijos, abrió una caja de ahorro y pasó el auto Bora a su nombre. Ella no sabía cómo decirle que se quería separar y preparó el terreno. Después se llevó todo, se quedó con todo”, acusó.

Durante sus últimas palabras en el debate, García mencionó: “Soy inocente y esto es algo armado, no entiendo nada, es lo único que puedo decir. Si vieran mi situación, no entiendo, no llegó a comprender. Nunca hice eso que dice mi señora ex suegra. Todo lo que están diciendo son calumnias e injurias contra mi persona. Vengo de una familia bien constituida. Soy inocente”.

ANÁLISIS