El Gobierno derogó, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70/2023 publicado etse jueves en el Boletín Oficial, la Ley 27.113 que declaraba «de interés nacional y estratégica» la actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos y materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos, lo que ya despertó el rechazo de referentes del mundo científico y académico.

El objetivo de esa norma era «promover la actividad de los laboratorios de producción pública, entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal».

Para este fin, la Ley creaba «la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap)», un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud «con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado».

En redes sociales, el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus indicó que la norma «se trata de la inversión en investigación y producción de medicamentos» y añadió: «No es contra la casta Es para favorecer a quienes especulan con la salud de nuestro pueblo».

En la misma línea que la viróloga e investigadora argentina reconocida internacionalmente Andrea Gamarnik sostuvo que esta medida «es para favorecer a quienes especulan con la salud de la gente».

También el médico pediatra y sanitarista Oscar Trotta, directivo del Hospital “Rene Favaloro” de la Matanza, expresó que esta medida desalienta la producción pública de medicamentos.