La Policía Federal detuvo a cuatro personas, una de ellas en la provincia de Santa Fe, en el marco de siete operativos desarrollados con el objetivo de desarticular una banda delictiva sospechada de financiar la organización islámica Hezbolá mediante transferencia de criptoactivos. En los procedimientos, se secuestraron varias armas.

Los uniformados llegaron hasta la localidad santafesina de Vila, del departamento Castellanos, ubicada a 35 kilómetros de Rafaela, para realizar uno de los siete allanamientos coordinados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales. El resto de los procedimientos, dictados por el juez federal subrogante de San Francisco, Sergio Pinto, fueron en la localidad cordobesa de Porteña.

Están bajo la lupa una serie de operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), a cargo de un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbolá.

Según se supo, se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio últimos, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.

Se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.

Además de las dos mujeres y dos hombres detenidos, se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones varias, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.

Según indicaron fuentes de la fuerza, la causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad, debido a la magnitud de los procedimientos, colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.