El gobernador le pidió a los presidentes de las Cámaras que dicten la nulidad de 770 contratos involucrados en la causa que investiga la Justicia. Intentarán «recuperar el dinero robado a los entrerrianos».

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este martes en una conferencia de prensa en la Legislatura provincial que se dictará la nulidad de 770 contratos implicados en la causa conocida como “Contratos Truchos” y que el Estado provincial intentará recuperar ese dinero al exigirle que lo devuelvan a cada uno de los implicados.

Acompañado por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el jefe de Estado provincial dijo: “Los entrerrianos tenemos una herida profunda. Somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país: Contratos Truchos”.

Frigerio aseguró que “se probó que hubo cerca de 800 contratos truchos durante una década en la Legislatura entre 2008 y 2019. La Justicia tiene que definir quiénes fueron responsables y qué pena les cabe. Pero la política no puede quedarse de brazos cruzados”.

El gobernador recordó que desde que inició la gestión de Juntos por Entre Ríos redujo a la mitad la cantidad de contratos que existían en el Poder Legislativo pero añadió que darán “un paso más” y buscará la nulidad de aquellos contratos.

“Queremos que los que robaron plata a los entrerrianos lo devuelvan. Le solicité a los presidentes de las Cámaras que dispongan la nulidad de estos casi 800 contratos truchos”, expresó.

“Es un proceso administrativo que va a correr en paralelo a la investigación judicial”, aclaró, ya que la causa judicial correspondiente en Tribunales está a pocos días de comenzar. Este martes, en tanto, una decena de imputados en el expediente solicitaron la suspensión del juicio a prueba y el otorgamiento de una probation, como anticipó AHORA.

Frigerio explicó que después de la nulidad, reclamarán la devolución del dinero cobrado. La Fiscalía de Estado a través de “incentivos” hará “acciones necesarias para exigirle a cada uno de los involucrados que devuelva esos recursos”.

Los Contratos

Se trata del caso que reveló un mecanismo de recaudación de la política mediante el uso de personas que prestaban sus nombres para figurar como contratados de la Cámara de Diputados y del Senado pero que no cumplían funciones reales sino que recibían parte del dinero correspondiente al salario de ese contrato y les retenían el resto de esa remuneración, cuyo destino nunca se esclareció precisamente.

El entramado incluía, por lo menos, funcionarios administrativos y contables de ambas cámaras, “reclutadores”, “valijeros” y “tarjeteros” que cobraban esos salarios, y los propios contratados prestanombres. Según la investigación judicial que está llegando a juicio, el mecanismo funcionó entre 2008 y 2018. Las autoridades máximas de la Legislatura en esos períodos no fueron implicadas en la causa.

El entramado se descubrió en septiembre de 2018 cuando un policiía de guardia en un cajero automático sospechó de los movimientos de uno de estos “tarjeteros” que retiraba enormes cantidades de billetes con muchos plásticos distintos.