Estafas millonarias con venta de terrenos en Oro Verde: querellantes se opusieron al juicio abreviado

El vocal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Cánepa, evaluará las condiciones existentes para resolver si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado que la defensa de Norma Raquel Migueles y su hermano José Ricardo Migueles había alcanzado con la Fiscalía, en el marco de una causa que investiga una millonaria estafa inmobiliaria en Oro Verde. La resolución judicial se dará a conocer su decisión el lunes 19 del corriente mes.

 

La propuesta contemplaba penas de prisión condicional: tres años para Norma Migueles y un año para José Migueles. Sin embargo, durante la audiencia, los querellantes manifestaron su oposición al acuerdo y reclamaron además que se investigue la posible participación de tres escribanos que intervinieron en las operaciones de compraventa de terrenos.

 

Uno de los abogados querellantes, Jorge Pacher, remarcó que los hechos tienen una “gravedad mayor” a la contemplada inicialmente por la Fiscalía, y recordó que ya en los allanamientos había surgido la sospecha de una asociación ilícita. “Es clara la responsabilidad de los escribanos. Hablar con Migueles o con el escribano Machado era prácticamente lo mismo”, expresó.

 

El letrado cuestionó con dureza la modalidad de juicio abreviado: “Es instar a la apología del delito”, afirmó, al tiempo que subrayó el impacto humano de las estafas. “Hubo damnificados que perdieron todos sus ahorros y otros incluso la vida. Más de 350 personas fueron perjudicadas, y el daño económico asciende a más de un millón de dólares”, detalló.

Según la investigación, los terrenos ofrecidos por los acusados entre 2012 y 2019 no existían o no estaban en condiciones legales para ser vendidos. Cada lote era comercializado por un promedio de 10 mil dólares. Los contratos se celebraban bajo distintas modalidades de pago, pero nunca se concretaban las escrituras ni la entrega de posesión.

 

Norma Migueles, sindicada como la principal responsable, encabezaba la supuesta inmobiliaria que realizaba las operaciones. En 2023, el abogado Pacher ya había denunciado que la mujer actuaba en coordinación con terceros y con escribanos, quienes habrían continuado realizando boletos de compraventa incluso después de haberse radicado denuncias penales en su contra.

 

En esa línea, el querellante recordó que en los allanamientos se hallaron modelos prearmados de boletos de venta en las oficinas de los escribanos. “Esto era una organización delictiva”, afirmó, y añadió: “Queremos saber dónde está todo el dinero, porque Migueles hoy no tiene absolutamente nada. Los damnificados exigen respuestas”.