Foto de archivo. Marcha universitaria del 24 de abril de 2024.

Las universidades públicas de todo el país volverán a movilizarse este martes 12 en reclamo de financiamiento y recomposición salarial, en una nueva jornada federal de protesta que tendrá actividades en distintas ciudades entrerrianas. Mientras tanto, el Gobierno nacional adelantó que convocará a una reunión con rectores en los próximos días, una vez finalizadas las marchas.

En Paraná, la convocatoria fue fijada para las 17 en Plaza 1° de Mayo, desde donde docentes, estudiantes, trabajadores nodocentes y organizaciones universitarias marcharán hacia Casa de Gobierno. La actividad fue difundida por las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

En tanto, en Concordia también habrá movilización. Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Tecnológica Nacional Regional Concordia y Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) confirmaron una concentración para las 18.30 en Plaza Urquiza.

Las universidades nacionales exigen al Gobierno de Argentina que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada posteriormente tras el veto presidencial. Las casas de estudio reclaman una actualización de las partidas para funcionamiento, una recomposición salarial para docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. Remarcan que existen fallos judiciales que ordenan garantizar esos recursos.

La respuesta del Gobierno

En la previa de la movilización, el Gobierno nacional ratificó que no aplicará la ley cuestionada por considerar que presenta “irregularidades” y volvió a reclamar mayor transparencia en el manejo de fondos universitarios. No obstante, desde el Ministerio de Capital Humano adelantaron que, tras la marcha, convocarán a una reunión con un grupo de rectores para discutir especialmente el reparto de recursos destinados a hospitales universitarios.

La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señalaron además que trabajan en la creación de una plataforma pública para que cualquier ciudadano pueda consultar el destino de los fondos asignados al sistema universitario. Según sostuvo Álvarez, durante años existieron dificultades para acceder a datos detallados sobre costos, presupuesto y funcionamiento de las universidades.

Pettovello, por su parte, aseguró que el objetivo oficial es “hacer un gasto eficiente e inteligente” y garantizar acceso público a la información sobre la inversión educativa. “Muchos de estos datos no los tiene casi nadie porque la administración del Sistema de Información Universitaria está en manos exclusivamente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Se hacía muy difícil la publicación de datos. El sistema estaba funcionando sin depurarse. Todo se basaba solamente en un anuario estadístico en el que hay que trabajar y no es amigable”, cuestionó el funcionario, según reprodujo Infobae.

Álvarez señaló, además, que “hace muchos años no se analizaba cuál era el costo por alumno y por graduado, indicadores necesarios para saber en el estado en que están realmente” los centros de formación.

“Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad. Porque es la inversión que se hace en cada alumno, son impuestos, que la gente, que todos nosotros pagamos”, agregó Pettovello.

En este sentido, el subsecretario consideró que hay espacios que “buscan cambiar un poco el eje de la discusión”, lo cual “se va a ver mañana en la marcha, donde van a estar todos los partidos políticos opositores participando”. Sobre este punto, el funcionario también criticó el pedido de que el Gobierno efectúe los aumentos establecidos en la norma de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado, que el presidente Javier Milei luego vetó y que ahora se está discutiendo en la Justicia.

“La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobá una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”, remarcó Álvarez.

El referente del oficialismo recordó que el amparo que se impuso en primera instancia y que ahora está siendo analizado por la Corte Suprema “es solo sobre dos artículos, el cinco y el seis, que son los artículos de becas y salarios”. “Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votará el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque inclumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, completó.