La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados y plantea crear un marco provincial para conservar, administrar y utilizar de manera sustentable esta importante reserva de agua.
La diputada provincial Gladys Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular, presentó un proyecto de ley para establecer una política específica de protección, conservación y aprovechamiento sustentable del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio entrerriano.
La propuesta busca reconocerlo como un recurso hídrico estratégico, de interés público y perteneciente al dominio provincial. El objetivo es permitir su utilización sin comprometer la cantidad, calidad y capacidad de renovación del agua para las próximas generaciones.
Principales puntos del proyecto
- Protección integral: comprende la investigación, planificación, conservación, monitoreo y utilización racional del acuífero.
- Autorización obligatoria: toda perforación, obra o actividad destinada a explorar, captar o extraer agua deberá contar previamente con permiso oficial.
- Control ambiental: los proyectos de mayor importancia tendrán que evaluar sus posibles impactos ambientales e hidrológicos.
- Autoridad de aplicación: el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) estará encargado de aplicar la ley, sin afectar las atribuciones del Ente Regulador de los Recursos Termales de Entre Ríos.
- Registro provincial: se inscribirán las perforaciones existentes, con datos sobre ubicación, profundidad, caudal, utilización y controles de calidad.
- Monitoreo permanente: se controlarán los niveles de agua, su calidad, las extracciones, la temperatura y las áreas de recarga o mayor vulnerabilidad.
- Información pública: los datos obtenidos deberán publicarse en formatos abiertos en el sitio oficial del organismo competente.
- Restricciones especiales: podrán establecerse límites de profundidad, caudal o distancia entre perforaciones e incluso suspenderse nuevas autorizaciones en zonas comprometidas.
- Prevención de la contaminación: quedarán prohibidas las actividades que puedan provocar infiltraciones de sustancias peligrosas, derrames de hidrocarburos, acumulación inadecuada de residuos o deterioro del agua.
- Participación ciudadana: municipios, comunas, universidades, organizaciones ambientales, comités de cuenca y usuarios podrán intervenir en la planificación del recurso.
- Plan estratégico: deberá elaborarse dentro de los 180 días posteriores a la reglamentación y actualizarse, como mínimo, cada cinco años.
- Fondo específico: financiará estudios, controles, investigación, educación ambiental, prevención de la contaminación y restauración de áreas afectadas.
- Sanciones: se contemplan apercibimientos, multas, clausuras, suspensión o retiro de permisos y la obligación de reparar los daños ocasionados.
- Cooperación regional: Entre Ríos podrá coordinar acciones con el Estado nacional y las demás provincias argentinas alcanzadas por el acuífero.
Salinas sostuvo que la provincia posee distintas normas sobre recursos hídricos y aguas termales, pero carece de una legislación que reúna en una misma política la protección, el control y la planificación del Acuífero Guaraní.
La legisladora aclaró que la iniciativa no pretende impedir sus usos legítimos para consumo humano, producción, industria o explotación termal. La finalidad es establecer reglas que permitan compatibilizar esas actividades con la preservación de una de las principales reservas de agua subterránea de la región.
