La Federación Agraria Argentina (FAA) Entre Ríos advierte por hechos de abigeato en el norte entrerriano, especialmente en Bovril donde un productor perdió 9 ejemplares por un valor estimado entre los 5 y los 18 millones de pesos. Desde la entidad abrieron un interrogante a la comunidad y las autoridades: ¿zona liberada?
“Muchos productores han sufrido carneadas”, señalaron desde la entidad y aseguraron que son atravesados por el “hartazgo, la sensación de impunidad y el temor”.
Álvaro Prevero, productor agropecuario denunciante advirtió que “no descarta la posibilidad de armarse o contratar seguridad privada, aunque los costos y la geografía de la zona, caracterizada por monte bajo y espeso, hacen que estas alternativas pierdan peso”.
La FFA Entre Ríos habló con damnificados y autoridades buscando soluciones que, “lamentablemente, no llegan”.
Prevero señaló que “los robos de hacienda no son un fenómeno nuevo, ya que desde hace años registra episodios similares”, pero destacó que “nunca había enfrentado una situación de esta magnitud”. La gravedad del problema lo llevó a modificar su forma de trabajo, trasladando parte de los animales hacia corrales próximos a su vivienda para intentar protegerlos, aunque esto implica mayores costos, dificultades de manejo y estrés para la hacienda.
“Es difícil el manejo. Tenemos el campo dividido en 25 hectáreas para el pastoreo, y llevar y traer la hacienda genera mucho estrés. Inclusive, una de las vacas que nos carnearon fue la que no alcanzamos a encerrar en los corrales pegados al establecimiento. El animal volvió al monte y apareció faenado al día siguiente”, relató.
El productor considera que uno de los principales problemas es la falta de respuestas efectivas y la demora en las investigaciones judiciales. Explicó que, pese a las denuncias y a la intervención de la Policía y de la Brigada de Delitos Rurales, durante mucho tiempo existieron dificultades para concretar allanamientos y avanzar con las causas.
Si bien, en el marco de un allanamiento, se detuvo a una persona, Prevero sostiene que “todavía se encuentra en una etapa inicial y que la solución requiere un trabajo coordinado entre productores, Policía, fiscales y autoridades locales”.
También planteó que “los hechos no parecen aislados, ya que la carne obtenida clandestinamente sería comercializada tanto en la localidad como en otros lugares”, y sostiene que “existe un conocimiento bastante extendido sobre el funcionamiento de estas actividades delictivas”.
La modalidad de los hechos también da cuenta de la gravedad de la situación. “La mayoría de los animales faenados son ejecutados de un tiro en la cabeza. A los ejemplares más grandes les dejan los huesos y las vísceras tirados a un costado, mientras que a los terneros les cortan las cabezas y las patas y los cargan como si fueran ciervos”.
Finalmente, Prevero destacó “el fuerte impacto económico y psicológico que la situación genera sobre los pequeños productores. Su establecimiento cuenta con 200 hectáreas, de las cuales 65 están destinadas a agricultura, mientras que el resto corresponde a monte donde se desarrolla la actividad ganadera. Tras los robos, pasó de tener unas 80 madres a alrededor de 70”.
Más allá de la pérdida de capital, expresa “incertidumbre sobre cómo continuar, ya que no considera viable recomponer inmediatamente el rodeo sin garantías mínimas de seguridad. Su reclamo central es que las autoridades asuman un compromiso más activo y sostenido para prevenir los delitos rurales y dar seguimiento a las investigaciones, de modo que los productores puedan continuar trabajando sin tener que convertirse ellos mismos en responsables de vigilar permanentemente sus establecimientos”.
