Cuatro legisladores reclamaron conocer la tasación de la empresa y frenar la transferencia de acciones. El consorcio integrado por Rowing y Transclor ofreció US$340,2 millones por el 90% del paquete estatal.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un frente judicial. Los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron un amparo para acceder a la documentación utilizada para determinar el valor de la empresa y solicitaron una medida cautelar que impida avanzar con la adjudicación y la transferencia accionaria hasta que se entregue esa información.
Los cuatro integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones dirigieron la acción contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía. El expediente CAF 49549/2026 quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 3.
Los legisladores sostienen que solicitaron documentación el 12 de agosto y el 28 de septiembre, sin obtener los informes requeridos. Cuestionan particularmente la Resolución ATEP 1/2026, que declaró reservadas las tasaciones, y reclaman conocer los criterios técnicos, las proyecciones económicas y la metodología empleada para valuar AySA. El pedido cautelar todavía requiere una decisión judicial.
La oferta más alta y el vínculo con Manzano
El reclamo se produce después de la apertura de ofertas económicas del 8 de octubre. Según informó Economía, el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX presentó una propuesta de US$340,2 millones, frente a los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio. La operación contempla vender el 90% de las acciones, mientras el 10% restante continuará en manos de los trabajadores.
Aunque distintos medios presentaron al consorcio como ganador, el comunicado oficial describió esa instancia como la apertura de ofertas para seleccionar al operador estratégico. Por ello, corresponde distinguir la propuesta mejor posicionada de la adjudicación administrativa definitiva.
Uno de los empresarios vinculados con la oferta más alta es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor. Su participación conecta el proceso de privatización del agua con un entramado empresarial que ya tiene una fuerte presencia en la distribución eléctrica y de gas.
La conexión también alcanza al organismo encargado de conducir las privatizaciones. Diego Chaher, titular de la ATEP, fue gerente corporativo del grupo Vila-Manzano antes de ingresar a la función pública. Ese antecedente resulta relevante para examinar las relaciones entre quienes administran el proceso y los grupos empresarios interesados. AySA, por su parte, está presidida por el ingeniero Alejo Maxit, entrerriano oriundo de Colon.
Del poder político a los servicios públicos
Manzano fue una figura destacada del justicialismo desde el retorno democrático: ingresó al Congreso en 1983, condujo el bloque peronista y luego fue ministro del Interior de Carlos Menem. Con posterioridad desarrolló una extensa trayectoria empresarial.
Su expansión en los servicios públicos comprende la participación en Edenor junto con Vila y Filiberti y el avance sobre Metrogas mediante la compra del paquete mayoritario que pertenecía a YPF. La incorporación de Transclor al consorcio mejor posicionado por AySA agrega una conexión con el negocio del agua, aunque no permite atribuir automáticamente a Manzano el control directo de la empresa sanitaria.
La presencia de Capitanich entre los demandantes incorpora otra dimensión política; el chaqueño es un dirigente de extensa trayectoria nacional en el peronismo y reclama transparencia sobre una operación vinculada empresarialmente con otro histórico referente de ese espacio. Esa coincidencia partidaria permite señalar el cruce entre la política y los negocios.
El amparo se suma a la denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades en las tasaciones y la reserva de los informes. El núcleo del reclamo es que el Congreso pueda conocer cuánto vale el activo estatal y cómo se calculó ese valor antes de que se concrete su transferencia.
