El gobierno de Alberto Fernández modificó las reglas del funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tal y como lo había previsto en el discurso inaugural de las sesiones legislativas el pasado 1 de marzo. Según la ley, oficializada en el Boletín Oficial, “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 52/19 2 dispone, además, que ningún organismo podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

El artículo 3 indica que no podrá “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”. El 4° artículo establece que tampoco podrá “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

Según el decreto, corresponde «limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia». «Dicha inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia», afirma.

En su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, Fernández había adelantado que emitiría “un decreto de necesidad y urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a organismo de inteligencia y a sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”. “Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”, agregaba. “Debemos construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional”, dijo el presidente en el Congreso.