El Juez de Transición Nº 3, Dr. Gustavo Maldonado no hizo lugar al pedido de internación y tratamiento de Silvio Ramón Díaz en una comunidad terapéutica, como así también, no hizo lugar al traslado del imputado a la Unidad Penal de Victoria.

Díaz está alojado en la cárcel de Paraná desde el sábado 1º de noviembre, cuando el magistrado le revocó la excarcelación y dictó su prisión preventiva, luego de la detención del procesado, en estado de ebriedad y realizando escándalo en un local nocturno de la ciudad. El juez consideró que el pedido de los defensores “resulta un modo disimulado de pretender eludir la restricción a la libertad decretada, lo que resulta inadmisible”. 
Silvio Ramón Díaz se encuentra procesado por haber causado la muerte de Juan Manuel Martínez Zurbano de 6 años y las lesiones graves a su hermano Santiago de 11, al embestirlos, el pasado viernes 6 de junio, con el vehículo que conducía por Avenida Alameda de la Federación de la ciudad de Paraná, a más de 100 km por hora, en estado de ebriedad y bajo los efectos de cocaína, frente a la Escuela Nº 1 «Del Centenario», en el horario de ingreso escolar. 
El codefensor de Díaz, ante el programa Códigos, aseveró en relación a la resolución del magistrado: “No ha sido una estrategia de la defensa que Díaz salga y haga algo. Lo que pasó fue una resolución que surge de su personalidad”. 
“Él tuvo contención de su familia. Nosotros (su defensa) también ejercimos esa contención, charlando algunas horas los jueves, comunicándonos por teléfono continuamente con él”, apuntó Silva Velasco. 
Asimismo mencionó que “la mamá tiene más de setenta años, la abuela que vive con él, tiene más de 94. ¿Se puede parar a una persona de 40 años y atarlo?”. 
El sábado que fue detenido, “él hizo un quebranto, la policía le hace primero una contravención y luego le arma una resistencia. Hay gente que lo vio, es imposible que una persona se resista a unos cinco funcionarios policiales”, indicó. 
El letrado opinó que “para el adicto en Argentina y Entre Ríos no existen comunidades terapéuticas”. Y reflexionó:”La sociedad no está preparada para entender y tampoco alguna parte del Estado y del Poder Judicial”. 
El imputado “es una persona que carece de recursos. Primeramente se recurrió al Hospital Escuela de Salud Mental, ellos hicieron una admisión previa y lo derivaron al Centro Huellas, que es una ONG que funciona medianamente; de ahí se lo sacan de encima, lo excluyen a Díaz”. 
Como les deniegan el tratamiento con internación, “recurriremos al Inadi”. Al mismo tiempo, contó que tomaron contacto con él y con la familia que “retirarán la documentación para pedir a través de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), el tratamiento para Díaz”. 
La abogada del imputado, Corina Beisel, mencionó la “complejidad de la defensa” de Díaz. “Hemos separando lo que es por un lado un hecho lamentable, terrible. Nunca dudamos en manifestar que uno ejerce la profesión, asiste técnicamente a una persona que está imputada en un proceso sin entrar en consideraciones de juicio de valor. La ética del abogado nos impone ese deber”. Y acotó: “Ha sido compleja la situación del sábado pasado, se produjo una inflexión que disparó el proceso hacia otro lado. Estimo incluso que algunos colegas, ante este tipo de situación hubiesen renunciado”. 
Si bien “desde la defensa sentimos decepción, entendimos que es un deber que asumimos y no lo podemos dejar a mitad de camino”. 
Respecto de las denuncias de maltrato, Beisel volvió a insistir: “Ocurrió esta situación. Ese día personal de la comisaría me negaba poder verlo. Un jefe de la departamental nos estuvo acompañando toda la mañana. Cuando nos presentamos en el calabozo, él estaba ensangrentado, golpeado”, agregando que “está individualizado, imputado, el policía dependiente de comisaría quinta”. Elonce.com.