El acuerdo establecido con la policía de la provincia «no tiene validez por ser extorsivo», afirmó el jefe de los fiscales.

El procurador del STJ sostuvo que el acta firmada y la foto de los negociadores junto al gobernador son prueba “del chantaje a punta de pistola, de que se trató de un acuerdo producto de la sedición”. Acusará a unos 70 policías.
El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, confirmó que el acuerdo firmado entre el gobernador Sergio Urribarri y los representantes de los amotinados en Concordia encabezará la denuncia penal que será presentada apenas termine la feria. En primera instancia, la presentación involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados. Para el funcionario judicial, el acta que fuera firmada el 9 de diciembre es nula, ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica.
Tres son las líneas de investigación: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores. “Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral: lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados”, explicó, antes de aseverar que “si bien el núcleo de la presentación está casi lista, el receso sirve para seguir incorporando pruebas fílmicas y datos testimoniales”.
En diálogo con medios periodísticos, García consideró que “el respeto por la norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, debe hacerse cargo de la pena contemplada”, antes de estimar que el juicio oral “será la reconstrucción histórica de lo que no hubiéramos querido que pasara”.
La cuestión que es crucial está contemplada en el artículo 229 del Código Penal, en los delitos que se llaman atentados contra el orden democrático. Esta corrección fue la primera producida una vez que se recuperó la democracia y fue confirmada en la reforma constitucional de 1994”.
Se hizo notar, además, que plantea que “la sedición es el alzamiento policial en el ámbito provincial. Si bien a un lego le puede resultar raro porque el objetivo explícito no era voltear a un gobierno, queda claro que se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas, lo que irremediablemente la constituye en ilegítima.