En el mediodía de este viernes el Tribunal de Concepción del Uruguay que integran María Evangelina Bruzzo, Fabián López Moras y Melisa Ríos condenó al sacerdote Marcelino Moya a 17 años de prisión por promoción a la corrupción de menores agravada, registró ANÁLISIS DIGITAL. foto0_1_288606_2

Pablo Huck y Ernesto Frutos celebran el fallo condenatorio junto a sus abogados y familiares. (Foto: ANÁLISIS DIGITAL)

En el adelanto de sentencia -donde no estuvo presente el imputado-, se explicitó que el cura permanecerá en libertad hasta tanto la condena quede firme, pese al pedido de la Fiscalía y la querella de sostener una prisión preventiva por el peligro de fuga. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 15 de abril a las 8.30 horas. Luego de dos jornadas intensas de testimonios, en las que pasaron 17 testigos, en los alegatos el cura se había manifestado “inocente” e intentó desestimar las denuncias en su contra, no sin antes recurrir al recurso de la prescripción de los hechos.

En el juicio los abogados Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso actuaron por parte de la querella, mientras que Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra lo hicieron en representación del Ministerio Público Fiscal. Ambas partes habían solicitado una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para el cura. Moya es el tercer cura católico juzgado y condenado por abusos en Entre Ríos. Fue denunciado periodísticamente por la Revista ANÁLISIS en junio de 2015, tres años después del escándalo mundial que significó el caso Justo José Ilarraz. El sacerdote fue denunciado por dos jóvenes que, en su niñez y adolescencia (años 1995/1996), formaron parte de un grupo que asistía regularmente a la parroquia Santa Rosa de Lima y que eran alumnos del Colegio La Inmaculada, de Villaguay. También hay que mencionar en ese grupo de religiosos señalados por abusos al cura Juan Diego Escobar Gaviria de Lucas González y a las monjas carmelitas de Nogoyá.

En la primera jornada del juicio, los denunciantes Pablo Huck y Ernesto Frutos relataron las situaciones vividas que los convierten en víctimas de los abusos del sacerdote, quien estuvo presente en esa etapa del debate oral, no público, pero que luego decidió no presenciar el resto de las instancias de testimonios.

Luego de dos jornadas intensas, en las que 17 testigos brindaron sus testimonios, el Ministerio Público Fiscal representado por Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra y los abogados querellantes Juan Cosso y Florencio Montiel pidieron una pena de cumplimiento efectivo de 22 años de prisión por corrupción agravada de menores en concurso real con abuso sexual simple, para el cura Marcelino Moya.

Marcelino Ricardo Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes que, en su niñez y adolescencia (años 1995/1996), formaron parte de un grupo que asistía regularmente a la parroquia Santa Rosa de Lima y que eran alumnos del Colegio La Inmaculada, de Villaguay.

A principio de los años 90, a Villaguay llegó el cura Moya, un personaje expansivo, que generaba empatía y que supo cubrirse de una pátina de cura bueno, que se ganaba el aprecio de todos con sus incursiones en festividades gauchescas en las que despuntaba como payador.
El religioso fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y E.F, un estudiante de Derecho y ambos relataron con la crudeza de pocos de qué modo fueron corrompidos por el cura.

Las víctimas habían relatado a la revista ANÁLISIS como fueron cada uno de los abusos cometidos por Moya. El primero de ellos contó que fue abusado, por lo menos dos veces por semana y durante casi dos años, en la propia habitación del sacerdote, en el primer piso de la Parroquia de Villaguay, como así también cuando hicieron viajes a Viale, para realizar tareas religiosas.

La otra víctima contó que hubo un intento de abuso, también en la habitación del cura, pero éste reaccionó a tiempo y empujó al cura, tras lo cual se fue de la Iglesia y nunca más volvió, pese a que también era monaguillo.

Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales.

Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunto la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.

La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.

La causa nuevamente fue recurrida y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción.

El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la justicia, extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia (CSJ) de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz.

La Iglesia, ni bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico, que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995. Pero la averiguación interna jamás avanzó.