A través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 168 por ciento de los ingresos que recibe la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal. Lo hizo mediante el decreto 194/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, los fondos que recibirá el distrito porteño pasan del 1,40 por ciento al 3,75 por ciento.

Esta sorpresiva medida se da luego de que el Presidente Macri vuelva atrás con el decreto de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que hacia extensiva a todas las provincias la decisión de la Suprema Corte de Justicia para que pasasen a cobrar el 15% de los impuestos coparticipables.

Preocupan los argumentos realmente poco claros por su vaguedad, tales como «el Estado Nacional entiende que para garantizar» la autonomía porteña «resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento», que se realiza «en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional”.

Entendemos que esta medida significa una profunda discriminación hacia el resto de los distritos provinciales, los cuales creemos, deberían haber sido incluidos es estos anuncios en el marco de un tratamiento igualitario. Lamentablemente no nos podemos sorprender, pues hace poco escuchamos las declaraciones del máximo representante del gobierno Nacional en materia económica , el Ministro Prat Gay donde expresaba su desprecio por las provincias : «Somos una nación con 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región que cada diez años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del Norte, del Sur, no importa de dónde viene, pero de provincias con muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido».

El federalismo vs el centralismo es un tema muy caro a nuestra historia política e institucional que significo 70 años de guerra civil entre la ciudad-puerto de Buenos Aires y las provincias. Teniendo este precedente histórico y teniendo en cuenta el origen porteño de la gran mayoría de las autoridades del Ejecutivo Nacional, que a su vez son del mismo partido político (PRO) que las de CABA, lo que acentúa aún más el sentido discriminatorio de la medida, como representantes del pueblo argentino cuyo único objetivo es defender sus intereses, estamos en estado de alerta y exigimos una inmediata propuesta al resto de las provincias y su discusión en el ámbito que corresponde: el Congreso Nacional.

En tan solo 40 días hemos asistido a una vertiginosa catarata de decretos sin necesidad ni urgencia, o sea, de decretos-leyes al estilo de los regímenes “de facto” y, por otro, la tentativa de introducir por vía de decreto a dos jueces en la Corte Suprema, con el obvio objetivo de que se los declaren constitucionales o, por lo menos, que demoren cualquier decisión que les haga perder vigencia. Y si bien aún no lo lograron, la intención se mantiene. Esto significa un notable desprecio por el Congreso Nacional lo que pone de relieve la matriz autoritaria que se esconde detrás del discurso liviano y cool de la “revolución de la alegría” con la que quieren ocultar los conflictos inherentes de toda sociedad.

La elección de un gabinete repleto de CEO’s deja en evidencia el afán de la “nueva administración” de tener un país “atendido por sus propios dueños” donde corremos el peligro de que “atiendan de los dos lados del mostrador” y su consecuente resultado: estigmatización del empleado público para justificar despidos masivos, pérdida de derechos, criminalización de la protesta, reducción del poder adquisitivo de quienes menos tienen, destrucción de la libertad de expresión, vaciamiento de programas sociales, desprotección de los sectores socialmente más expuestos, remate de la cultura pública, prescindencia del Congreso de la Nación, destitución de toda forma de soberanía, subordinación a los fondos buitres. Por todo lo expuesto exigimos el inmediato tratamiento parlamentario de todas estas medidas y el respeto al rol que las instituciones de la República ostentan.

(*) Lautaro Gervasoni, Juan Manuel Huss, Jorge Barreto, Julio Solanas y Carolina Gaillard.
Diputados nacionales por Entre Ríos – Frente para la Victoria