Se concretaron varios allanamientos en Gualeguaychú que fueron ordenados por el juez Federal Hernán Viri y ejecutados por personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, en el marco de la causa en que se investiga las posibles exigencias bajo amenazas a grupo de personas beneficiarias del plan nacional denominado “Potenciar Trabajo”. Como resultado de esos procedimientos, se confirmó que hay diez personas imputadas y se secuestraron celulares, documentación y dinero.

 

Los allanamientos se realizaron en 23 lugares de Gualeguaychú, entre ellos varios comedores y espacios de movimientos sociales.

 

La hipótesis delictiva del juez Federal Hernán Viri es que en actividades proselitistas se tomaba asistencia y en caso de inasistencia, debían abonar un porcentaje del plan en cuestión, negándoles el acceso a los alimentos distribuidos por el Gobierno Nacional, e incluso darles de baja a dicho plan.

 

En la investigación, hasta el momento, no hay funcionarios del gobierno actual ni anterior implicados, y las diez personas imputadas están bajo la investigación por los delitos de extorsión, amenazas y defraudación.

 

No obstante, se deberán aguardar las pruebas que se puedan obtener de las pericias que realizará Gendarmería nacional en los teléfonos secuestrados.

 

La investigación y allanamientos se dispusieron en función de las denuncias que se recibieron a través de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, en el marco de posibles exigencias bajo amenazas a personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo que funcionó en la Argentina entre el 2020-2024, destaca El Argentino.

 

En mayo pasado el gobierno nacional de Javier Milei, a través del el ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró que “en febrero del año 2024 se puso en marcha un relevamiento de los efectores que habían solicitado la inscripción al ReNaCoM, que actualmente se encuentra en curso” y, agregó que “entre el 7 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2024 se relevó un total de 2.193 espacios, de los cuales 1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos (entre ellos, 12 comedores cuya existencia se verificó pero que no pudieron ser relevados y para los que se programó una nueva visita).

 

Entre los 1.032 comedores que no pudieron ser identificados como tales, el 33% no funciona más como comedor o merendero; en el 25% de los casos, los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.