El gobierno nacional derogó el protocolo para el uso de armas de fuego que Patricia Bullrich había impulsado en diciembre de 2018. Además, a través del Boletín Oficial publicado este martes, dio marcha atrás con el reglamento para el uso de pistolas Taser y revocó otros dos emprendimientos de la gestión Bullrich: el «Servicio Cívico Voluntario» y el programa «Ofensores en Trenes».

Con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, la Resolución 1231/2019 de esa cartera derogó una serie de reglamentos dictados durante el gobierno de Mauricio Macri.

Una de las normativas que ya no tendrán vigencia es el «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad», puesto en vigor en diciembre de 2018 con la Resolución 956.

Esos lineamientos permitían que las fuerzas utilizaran armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.

«Siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad. Es como que solamente podían repeler las hostilidades», dijo Bullrich en aquella oportunidad.

La resolución rubricada por Frederic cuestiona el texto de 2018. Afirma que «excede los criterios impuestos [por la ONU] y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad». Asegura que «en la base conceptual de este reglamento subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa».

Y remarca que las situaciones consideradas por la Resolución 956/2018 «atentan contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal». Así, sigue el texto, «el aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas».

En su lugar, restituye la vigencia de las disposiciones de cada fuerza específica: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En otro artículo de la Resolución 1231/2019 se deroga el «Reglamento General para el Empleo de Armas Electrónicas No Letales».

Se trata de las conocidas pistolas Taser, otro plan impulsado por Bullrich, en mayo pasado. Son armas de electrochoque, que disparan proyectiles con cables que administran corriente suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente.

En este caso, la actual ministra de Seguridad de la Nación cuestiona el reglamento como «vago» y «general» y subraya que «en realidad no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas»: no delimita la distancia a la que debe ser utilizada el arma, los lugares del cuerpo donde puede aplicarse y cuánto puede durar, entre otros puntos.

Sobre ese asunto, llama a dictar principios que se ajusten a los lineamientos internacionales, para evitar el uso indiscriminado de estos aparatos.

Asimismo, Frederic derogó otros dos programas ampliamente promocionados por Bullrich: el «Servicio Cívico Voluntario en Valores» y el plan «Ofensores en Trenes».

El primero de esos programas fue iniciado en julio pasado. Se encontraba bajo la órbita de la Gendarmería y estaba destinado a jóvenes de 16 a 20 años.

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La actual conducción sostiene que las finalidades y las funciones de la Gendarmería no guardan relación con los objetivos del Servicio Cívico Voluntario, que serían materia del Ministerio de Educación. «El Ministerio de Seguridad avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones», afirma el texto, que anuncia la transferencia de ciertas responsabilidad del programa a la cartera educativa.

Y cuestiona «la habilitación de un espacio de intervención entre una fuerza de seguridad militarizada con niños, niñas y adolescentes».

A fines de noviembre la Justicia había rechazado un recurso judicial presentado por las diputadas Nilda Garré y Gabriela Cerruti contra el Servicio Cívico Voluntario.

En cuanto al plan «Ofensores en Trenes», la principal objeción es que «criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados».

Este programa había sido publicado en octubre, en la Resolución 845/2019. Según Bullrich, la exhibición del DNI apuntaba a identificar con un programa de software a aquellas personas con delitos previos para «generar una conducta distinta de comportamiento en el transporte público».

La nueva resolución, en cambio, establece que la medida «pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación», además de contradecir «los estándares de seguridad democrática» y «los estándares internacionales de Derechos Humanos».