Bajo la siempre presente amenaza de sanciones, el Ministerio de Economía avanzó en los últimos días contra los laboratorios por incrementar unilateralmente los precios de los remedios.

A través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la cartera de Axel Kicillof citó a cada uno de los laboratorios a una serie de audiencias en las que se les preguntó sobre el proceso de formación de precios. Según informa el diario La Nación, se les entregó uncuestionario que apunta a conocer si las empresas definieron aumentaron los medicamentosen el último mes, y si lo hicieron en connivencia con sus competidores.

Con estas interpelaciones, el Gobierno busca esmerilar el margen de acción de las empresas del sector, las cuales desde que arrancó la devaluación a fines del año pasado lograron evadir en reiteradas oportunidades los controles del Ejecutivo.

Según consta en en el registro de las audiencias, el Palacio de Hacienda encontró que de los 45 laboratorios líderes- como Bayer, Roemmers, Boehringer Ingelheim, Pfizer, entre otros-, 40 incrementaron sus precios un 4% entre el 9 y 26 de mayo.

El dato pone de manifiesto que la tendencia alcista en el rubro no cesó, pese a que el Gobiernoacordó en febrero retrotraer los precios al 31 de diciembre de 2013, para aplicar en marzo una suba del 4% en correspondencia a la variación de la que está sujeto «componente importado». Antes, los incrementos oscilaban entre el 10 y el 50 por ciento, según denuncias de asociaciones que defienden a los consumidores.

Pero ese convenio de palabra finalmente no resultó efectivo para contener al lobby farmacéutico. En los primeros tres meses de este año, los precios de los remedios ya habían registrado subas de hasta el 20 por ciento, según pudo detectar Infobae en una nota previa. El alza se volvió a repetir el mes pasado, de acuerdo a los datos revelados por el Indec.

«En el rubro medicamentos, se ha observado una variación [de precios] bastante importante durante este mes de mayo. Lo digo con bastante insatisfacción porque hay un acuerdo con los principales productores de medicamentos, los laboratorios, que implica que no podían», protestó ayer Kicillof en el marco de la presentación del IPCNu.

«Es un acuerdo voluntario, creo que no firmado, pero hecho con los principales referentes del sector. Y ese acuerdo fue incumplido, no con el Gobierno, sino con la gente», fustigó el ministro, quien aclaró que junto a la secretaría de Comercio Interior, que conduce Augusto Costa, «no vamos a permitir abusos en un rubro tan sensible como el de los medicamentos».

Las acusaciones entre las autoridades y las empresas son cruzadas. Desde el Ejecutivo califican que el consumidor está a merced («cautivo») de los laboratorios, ya que muchos de los fármacos no se pueden sustituir por otros productos. Así, no existe competencia y un ancla de referencia como ocurre en otros rubros de Precios Cuidados.

El sector privado, en cambio, asegura que no alcanzó el acuerdo de febrero, que carecía de fecha de vencimiento. Desde abril, los empresarios pidieron reuniones al Gobierno para volver a revisar los precios de los remedios de venta bajo receta. Como los encuentros jamás ocurrieron, se atrevieron a aplicar los aumentos de hecho, sin autorización previa.

Los cuestionarios de Defensa de la Competencia recolectan información sensible sobre el mercado, como los costos de producción, las cadenas de valor de los laboratorios, la facturación y ganancias de cada empresa, distribución, descuentos y promociones de los medicamentos, entre otros aspectos. Como «la información es poder», el requerimiento alimentó todo tipo de especulaciones sobre lo que hará el Gobierno con esos datos. Las versiones que circularon apuntan desde sanciones a las compañías, hasta la fijación unilateral de un esquema de precios.