El gobierno de Alemania defendió este jueves la legislación contra los mensajes de odio y las noticias falsas en internet, que entró en vigencia el 1 de enero, y cuya aplicación generó que se bloquearan las cuentas de Twitter y Facebook de una política y una revista.
Heiko MaasEl ministro de Justicia, Heiko Maas, afirmó al diario Bild: «La libertad de expresión protege las opiniones reprobables u odiosas. Pero la incitación al odio, las amenazas, los insultos o incluso la negación del Holocausto no son libertad de expresión, sino ataques contra la libertad de expresión ajena». El funcionario salió así a afrontar las críticas suscitadas tras los primeros casos de aplicación de la ley, que hicieron que Twitter y Facebook bloquearan temporalmente las cuentas de Beatrix von Storch, vicepresidenta del ultraderechista partido Alternativa para Alemania (AfD) y diputada en el Bundestag (Parlamento federal). Lo mismo hicieron con la revista Titanic, estandarte en Alemania de la prensa satírica, consignó EFE.
Beatrix von StorchLa diputada Beatrix von Storch criticó en redes sociales los tuits en varios idiomas, incluido el árabe, de la policía de la ciudad de Colonia que hizo recomendaciones para evitar situaciones como las ocurridas el último día de 2015, cuando cientos de mujeres fueron abusadas sexualmente en las calles durante los festejos de Año Nuevo. Von Storch expresó su estupor ante la difusión de un mensaje en árabe desde una cuenta oficial de la policía alemana y colgó un tuit en el que hablaba de «hordas de hombres bárbaros, musulmanes que violan en grupo». Twitter le bloqueó temporalmente la cuenta y la policía de Colonia la denunció, lo que precipitó mensajes solidarios en esa red y en Facebook de la jefa del grupo parlamentario ultraderechista, Alice Weidel, que también fueron borrados de las plataformas.
La revista Titanic ofreció a continuación «asilo» a los mensajes de la diputada ultraderechista, los que parafraseó a modo de parodia en su propia cuenta, que también terminó siendo bloqueada. La nueva ley obliga a eliminar mensajes con «contenidos manifiestamente delictivos» en un plazo de 24 horas tras recibir una queja, y las empresas que incumplan sistemáticamente su deber podrán ser multadas con hasta 50 millones de euros.
