En sintonía con lo que hubiese deseado el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el Ejecutivo nacional modificó los criterios de asignación de subsidios a las asociaciones de Defensa del Consumidor, cuyas funciones son, entre otras, relevar los cambios en los precios de las góndolas.

Ésta última de las atribuciones (y obligaciones) de las entidades ha causado suma irritación en la Casa Rosada. Desde que se intervino el Indec en 2007, el índice de inflación elaborado por estas organizaciones dio frecuentemente un valor más elevado al publicado por el organismo estadístico, lo que daba cuenta de la distorsión de los datos.
Durante la gestión de Moreno, la ex subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila «Pimpi» Colombo, denunció judicialmente -bajo el mandato de Moreno- a varias de estas organizaciones, como Adecua, Consumidores Libres, la Unión de Usuarios y Consumidores (UCA), el Centro de Educación al Consumidor (CEC) y Adelco.
En distintos fallos, el Poder Judicial le dio la razón a las tres primeras. No obstante, el Gobierno apeló las sentencias, por lo que el conflicto quedó pendiente de solución. A Adelco le quitaron el subsidio los dos últimos años por difundir relevamientos de precios. Algo parecido le ocurrió a la suspendida Consumidores Libres, conducida por el ex diputado Héctor Polino.
Normalmente, las asociaciones reciben la ayuda estatal en enero, luego de completar una encuesta sobre la gestión realizada. Pero este año ello no ocurrió, en coincidencia con la salida de Moreno de la Secretaría de Comercio Interior.
Hace dos semanas, el subsecretario de Defensa del Consumidor, Ariel Langer advirtió a las entidades que para acceder a los subsidios habrá que llenar un formulario. El organismo, luego, decidirá a quien otorgará la asistencia, que en enero de 2013 ascendía a $30.000 anuales.
Ayer, esta modificación en las condiciones de asignación de subsidios se vio reflejada en el Boletín Oficial. El actual secretario de Comercio, Augusto Costa, firmó la la resolución N°73/2014, en la que se excluye del beneficio a las organizaciones que hayan sido «objeto de investigación y/o denuncia impulsada por alguna entidad gubernamental, en relación con su rol de defensa de los consumidores».
Entre otras exigencias, también deberán presentar «documentación que acredite las actividades desarrolladas», nuevos «proyectos y actividades futuras» y haber atendido reclamos y denuncias efectivas de consumidores.