El gobierno estudia financiar la baja del empleo público en las provincias.

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A cara de perro, y en contraste con la armonía que transmitían los árboles y el verde, el Presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron claros. “Vamos a acompañar a las provincias que cumplan con las metas fiscales”, les dijo el mandatario a los tres gobernadores patagónicos con los que se reunió en los últimos días, y que tienen problemas para poner sus cuentan en orden. En tal sentido, le ofreció ayuda a varios gobernadores para que implementen planes de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios; pondrán en marcha un plan contemplado en el acuerdo de responsabilidad fiscal. Según la ley de responsabilidad fiscal, las provincias se comprometieron a no aumentar su base de personal, y solo tomar nuevos empleados en rubros sociales, como salud, educación y seguridad, cuando sea estrictamente necesario.A ese pedido desde lo más alto del poder se le sumó una «sugerencia». En sus diálogos de la semana que pasó en Cumelén con Mariano Arcioni (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) -ya lo había hablado días atrás con Omar Gutiérrez (Neuquén)-, Macri reiteró el ofrecimiento a las provincias para que adhieran a un plan de financiamiento de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, incluido en la ley de responsabilidad fiscal firmada por Frigerio y los gobernadores, y que en este momento está en etapa de reglamentación.

“Es un apartado de esa ley en la que se invita a las provincias a adherir y, si se comprometen a iniciar un plan de retiros voluntarios, el Estado ayudaría”, afirmaron cerca del ministro Frigerio en torno al denominado “sistema de retiro voluntario para empleados provinciales” que el Presidente adelantó a los gobernadores.

Una de las propuestas que se barajan se centra en que el Estado nacional abone los primeros siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.

Otra fuente de ese mismo Ministerio agregó que hay otras propuestas en danza, como el pago del sueldo a empleados con años suficientes de aporte pero a los que les faltan algunos pocos años para alcanzar la edad que les permita jubilarse. “Es una alternativa que beneficia a los empleados que se quieren ir, aunque el riesgo es que con el retiro voluntario se vayan del Estado los más capaces”, reflexionó una fuente oficial.

No hay estimaciones del monto que debería aportar el Estado, aunque sí se barajan vías para hacer efectivas las erogaciones: podría hacerse por medio de aportes del Tesoro Nacional o fondos del recién creado Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

Según el gobierno, varias de las provincias que escucharon la propuesta general del Presidente -y no solo las patagónicas- se mostraron interesadas en la propuesta. “No nos viene mal, al contrario, estamos buscando optimizar el gasto en recursos humanos”, afirmaron cerca de Weretilneck, por caso.

Bajo análisis

Temerosos de que la propuesta genere una demanda excesiva a la que no puedan responder, en la Casa Rosada afirmaron que cada provincia interesada debe presentar un esquema en el que detalle la cantidad de empleados que desea incluir y los montos que necesitaría. “Cuando lleguen las propuestas de cada uno las analizaremos, tomando en cuenta la dimensión de la planta de cada provincia y la factibilidad de ayudarlos”, detallaron.

Según la ley de responsabilidad fiscal, las provincias se comprometieron a no aumentar su base de personal, y solo tomar nuevos empleados en rubros sociales, como salud, educación y seguridad, cuando sea estrictamente necesario.

También hay un compromiso de los gobernadores de bajar impuestos -sobre todo Ingresos Brutos, una de las obsesiones del Presidente- y de no aumentar el gasto de provincias y municipios. “Estamos muy preocupados y ocupados en el gasto provincial y comunal. Una gran parte de ese gasto es en personal, la idea es no aumentarlo y si es posible bajarlo a través de retiros voluntarios”, afirmaron cerca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien está a cargo de la reglamentación de la ley.

Acepten o no la “ayuda” del gobierno, las provincias estarán en la mira durante 2018 y lo saben. «Vamos a estar muy encima de esa ley y la del pacto fiscal. Necesitamos que se cumplan para bajar el déficit y tenemos herramientas para hacerla cumplir», advierten en el Palacio de Hacienda. Y dan como ejemplo de esas «herramientas» las transferencias de dinero fresco y los permisos de endeudamiento en el exterior, como para que nadie diga que no le avisaron.

No por casualidad Macri empezó por las provincias patagónicas, que -incluida la Santa Cruz de Alicia Kirchner- tienen sus cuentas en rojo. Salta y Chaco, ambas gobernadas por dirigentes peronistas conciliadores con el gobierno, también están en la mira por el «desorden» de sus cuentas públicas, mientras que en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda reconocen que Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba y San Luis son de las más ordenadas.

“No creemos que se presenten más de diez provincias, porque no todas necesitan de esa ayuda para ordenar su planta de empleados», especularon en el gobierno frente al flamante plan de reducción de la planta estatal provincial, que según un macrista memorioso tiene bastante en común con el que Macri implementó en la ciudad durante sus años como jefe de gobierno porteño.

Acuña: «La reforma laboral no tiene futuro»

Mientras el gobierno decide hoy el destino del llamado a sesiones extraordinarias previstas para el mes próximo, en la CGT volvieron a tomar distancia del proyecto de reforma laboral. “No tiene ningún futuro. Es una reforma que no tiene ninguna ventaja, no hay un equilibrio”, afirmó ayer Carlos Acuña, integrante del triunvirato que comanda la central obrera.

“Hay una campaña de difamación, si alguien hace las cosas mal, que se haga cargo, no hay que generalizar”, agregó el gremialista en declaraciones realizadas a Radio 10, en referencia a las recientes investigaciones que salpican a algunos de sus pares.

Más empleados públicos

Un informe del Ministerio de Hacienda revela el porcentaje de trabajadores estatales en las provincias por cada 1.000 habitantes

– Lucía Corpacci, Catamarca: 146
Es la provincia que encabeza el ranking de empleados estatales por cada 1.000 habitantes. Durante el período que va de 2003 a 2015, el empleo público creció en Catamarca un 88 por ciento. Según los registros oficiales, es el distrito con más trabajadores estatales que privados

– Sergio Casas, La Rioja: 134
Entre 2003 y 2013 el empleo público creció un 36 por ciento en La Rioja, que secunda a Catamarca en el listado de provincias con más empleo público. Esta jurisdicción también tenía registrados más trabajadores estatales que privados

– Gerardo Morales, Jujuy: 116
Es la tercera provincia donde más creció el empleo público y tiene un porcentaje de 116 empleados estatales por cada 1000 habitantes. Al igual que La Rioja y Catamarca, en Jujuy el sector estatal tiene preeminencia frente a las empresas privadas a la hora de crear empleo

Menos empleados públicos

Las provincias centrales son las que tienen más bajo porcentaje de empleo estatal por cada 1.000 habitantes.

– María Eugenia Vidal, Buenos Aires: 35
La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción con la relación más baja de empleados estatales sobre la cantidad de habitantes. Es la que mejor coeficiente per cápita muestra: 35 por cada 1.000 habitantes. Se estima que hay unos 600.000 empleados públicos en la provincia

– Juan Schiaretti, Córdoba: 38
Córdoba le sigue a la provincia de Buenos Aires en el mejor coeficiente per cápita: 38 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, los salarios en el sector público de Córdoba presentan un exceso entre 38 y 30 por ciento, por encima de los privados

– Miguel Lifschitz, Santa Fe: 46
En el período que va entre 2003 y 2016, esta provincia es una de las que presentaron la menor cantidad de empleo público en los últimos 14 años. Santa Fe tiene un coeficiente de 46 empleados estatales por cada 1.000 habitantes.

Fuente: La Nación