La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) rechazó ayer que las prepagas empiecen a cobrar desde este lunes a los afiliados por los servicios y estudios clínicos que están incluidos en la tarifa mensual, y solicitó a las clínicas privadas suspender la facturación.

«No se legitimará ningún acuerdo gestado como ‘jugada política’ que pretenda convertir a los beneficiarios del Sistema de Salud en rehenes de intereses económicos y así intentar forzar al Gobierno a tomar decisiones políticas que dañen o vulneren el derecho a la salud de nuestros compatriotas», sostuvo ayer el organismo de control en un comunicado.

Lo cierto es que la SSS hasta ahora no anunció ninguna medida concreta para evitar la implementación de los adicionales, pese a que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había confiado en conferencia de prensa que esa agencia intervendría sobre la aplicación del arancel. Incluso, en el escrito pareció despegarse del tema, ya que no negó que el copago fuera legal y advertir que «se da en el marco de la relación contractual entre las empresas de medicina prepaga y sus clínicas, sanatorios y hospitales».

La titular de la SSS, Liliana Korenfeld, ratificó lo dicho al señalar que «en los contratos de medicina prepaga se especifica que no puede haber copagos», y comunicó que «las empresas deberán reintegrarlas a los clientes lo que les cobran las clínicas», algo que las prepagas ya habían prometido que realizarían en tanto el cliente presente la factura correspondiente en una oficina comercial.

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) informó que para las prácticas de baja complejidad, como por ejemplo consultas médicas, recetas de laboratorio o radiografías, se deberá abonar desde el lunes 50 pesos, mientras que en el caso de estudios de alta complejidad, como las resonancias magnéticas, el cobro será de 100 pesos.

Jorge Cherro, titular de Adecra, precisó que los copagos se cobrarán solamente en prácticas ambulatorias, descartando así que puedan aplicarse a internaciones o intervenciones quirúrgicas. «Somos un sector responsable, si hay gente que no lo puede pagar, no lo podrá pagar; la atención, como siempre, está asegurada; nunca hicimos abandono de paciente», sostuvo en diálogo con radio Mitre.

«La llave para resolver este problema la tiene el Gobierno. Tiene varios días hasta el lunes para una negociación», advirtió Cherro, cuyo sector mantiene una larga disputa con el Poder Ejecutivo. La raíz de fondo tiene que ver con que la SSS no autoriza a las compañías un aumento de las cuotas a los afiliados proporcional al encarecimiento de los costos de la actividad.

El secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuvo una reunión ayer por la noche con las empresas, donde les planteó que “no hay razones para aplicar el copago”. Pero las prepagas rechazaron la acusación y echaron la culpa a las prestadoras.

Mientras el Gobierno intenta destrabar el conflicto, otros actores se movilizan en simultáneo para impedir que el copago se convierta en una realidad. La legisladora Graciela Ocaña comentó enInfobaeTV el amparo que presentó en la Justicia en rechazo al cobro, por considerar que «lesiona en forma actual e inminente garantías de naturaleza constitucional, pone en riesgo la salud y continuidad de tratamientos de los afiliados a las empresas de medicina prepaga”.

Lo propio harán las asociaciones de Defensa del Consumidor. Deuco, Unión de Usuarios y Consumidores y Adduc realizaron ayer una presentación ante la Secretaría de Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud, “requiriendo su urgente intervención para impedir la concreción de la medida dispuesta unilateralmente que afecta los intereses económicos y el derecho a la salud de más de 5 millones de afiliados”, solicitaron.

“Rechazamos la propuesta de reintegrar a los afiliados los importes abonados en concepto de copagos: sería aceptar un pago que no está previsto en el contrato y que por lo tanto es ilegal. Además sentaría un precedente de que ese valor puede modificarse en forma arbitraria”, argumentaron.

Osvaldo Bassano, titular de Adduc, advirtió que “los afiliados pueden pedir multas de hasta 5 millones de pesos y realizar denuncias penales si no los atienden en una emergencia por no abonar el copago”.

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), fue otro de los sectores que criticaron a Adecra. «No nos hacemos responsables de lo que son estos incrementos ya que no se debe a una preocupación por sostener el trabajo de los empleados de sus clínicas, ya que no va al bolsillo del médico, pero este resulta la cara visible. Lo cual genera un daño en la relación médico-paciente, que debiera ser la más cuidada por estas empresas», afirmó en una nota de prensa.