El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la extradición y calificó al operativo del cual participaron efectivos de distintas fuerzas como «exitoso».

El sindicado jefe narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias «Mi Sangre», detenido en Argentina desde octubre de 2012, fue extraditado esta mañana a Estados Unidos bajo un fuerte operativo de seguridad secreto.
En su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la extradición del presunto capo narco colombiano y calificó al operativo del cual participaron efectivos de distintas fuerzas como «exitoso».
El ex lí­der de la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se encontraba alojado bajo fuertes medidas de seguridad desde hace cuatro años en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y fue trasladado hacia el aeropuerto Jorge Newbery bajo un fuerte operativo de seguridad secreto y entregado a las autoridades estadounidenses que lo trasladarán al Estado de Florida.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó que el operativo comenzó a las 6.30 e incluyó personal penitenciario, efectivos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la DEA norteamericana.
«En función del alto riesgo en términos de fuga que representaba el interno, incluyó un despliegue de elementos disuasivos y reactivos desde las primeras horas de la madrugada, que generó una esfera de seguridad omnicomprensiva del perímetro del Complejo Penitenciario y el aeropuerto, desde donde López Londoño partió con destino a los Estados Unidos de América», señaló un comunicado del SPF.
Londoño fue llevado en helicóptero desde la cárcel hasta el aeropuerto y allí fue entregado a los encargados de seguridad estadounidenses, tras lo cual partió en un avión alquilado por la Embajada de Estados Unidos.
«Es muy importante destacar la prudencia y las medidas de seguridad con que se realizó el traslado. A su vez, resultó fundamental para el resultado exitoso el hecho de que se haya realizado en total hermetismo y secreto», señaló el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había confirmado el 13 de septiembre pasado la extradición de Londoño a Estados Unidos, donde se lo acusa de «conspiración para distribuir una sustancia controlada (cocaí­­na), a sabiendas de que se importarí­a ilegalmente».
En una resolución de sólo tres carillas, en ese momento los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti no hicieron lugar a la petición de la defensa para rechazar la extradición y confirmaron la resolución de mayo del juez federal Sebastián Ramos.
Según la acusación, el ex lí­der de la AUC y presunto integrante del cártel Los Urabeños dirigió entre 2006 y 2012 una organización dedicada al tráfico de cocaí­na hacia Estados Unidos, México y América Central, y al lavado de dinero producido por esa actividad ilegal.
López Londoño fue apresado el 30 de octubre de 2012 cuando cenaba junto a allegados y custodios en el restaurante «Fettucine Mario», de Pilar, ya que pesaba sobre él un pedido de captura internacional por una causa en la que lo sindicaban como jefe del mencionado cártel.
El 3 de septiembre, se conoció un presunto plan del colombiano para fugarse de la cárcel de Ezeiza, que incluí­a el ataque de un grupo comando al penal, luego de que su abogada, Marí­­a Gabriela Ricagno, pretendió ingresar al penal de Ezeiza con un plano detallado de los terrenos de la cárcel.
En el croquis también figuraba la ubicación detallada de comisarías y otras dependencias policiales próximas al penal, así como los barrios aledaños hasta el partido de Esteban Echeverrí­a y una posible línea de fuga trazada en rojo hacia Cañuelas.
Además, en la celda del preso se hallaron numerosas fotocopias de expedientes y dentro de ellas, en un hueco, un teléfono celular Iphone, dos chips y un módem portátil. Por el hecho, se pasó a disponibilidad al director del penal y a otros dos funcionarios que se cree que tuvieron vinculación con el ingreso del teléfono y de los otros elementos hallados, mientras que se abrió una causa penal contra integrantes del Servicio Penitenciario.
Fuente: La Capital