Manuel Ludueña

Los marcos legales de Argentina y Chile actualmente están experimentando giros drásticos orientados a la desregulación, la flexibilización de la propiedad privada y la apertura al capital internacional.

En lugar de frenar la presión extranjera o blindarse ante la distopía del refugio climático, ambos estados avanzan en reformas legislativas que facilitan el acceso corporativo a la disposición de recursos estratégicos, degradación de bienes comunes y expulsión de comunidades de la Patagonia.

Se preparan las condiciones para que la Patagonia sea regulada por las leyes del mercado global, facilitando el traspaso de la soberanía sociocultural a un modelo de control corporativo privado.

Extranjerización y Desprotección

La normativa argentina, nacional y provincial, principalmente, se expone a una profunda y acelerada transformación, que tiene en vilo a las comunidades de la región y del pueblo en general. Entre ellas:

Modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) impulsa mediante la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta reforma elimina de forma irrestricta los topes históricos que prohibían a extranjeros poseer más de 1.000 hectáreas o superar el 15% del territorio nacional. La modificación restringe la definición de sujeto extranjero únicamente a los Estados, legalizando el control de fondos de inversión, multinacionales y grupos tecnológicos privados. La habilitación de infraestructura para inteligencia artificial (IA), tal como los data centers (DC).

Reforma a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Las modificaciones realizadas debilitan los estándares de protección del ambiente periglacial. La reforma dispone que las provincias sean quienes autoricen las actividades extractivas (como la minería de litio y cobre) en las áreas cordilleranas que antes estaban estrictamente vedadas, argumentando retóricamente la necesidad de atraer inversiones.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Una estructura legal para garantizar estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años a corporaciones que inviertan en minería, energía y agro, ampliada por decreto a actividades forestales. Al no exigir la obligación de liquidar divisas en el país ni contraprestaciones, profundiza la lógica meramente extractiva sobre el suelo patagónico.

En Chile, si bien se mantiene históricamente un enfoque abierto a la inversión extranjera en tierras agrícolas y costeras, sostiene restricciones contradictorias de seguridad nacional y se procuran reformas en el plano indígena. Por caso:

Restricción estricta en Zonas Fronterizas. Conforme al Decreto Ley N°1.939, Chile prohíbe de forma absoluta que ciudadanos o empresas de países limítrofes (como Argentina, Perú o Bolivia) adquieran tierras a menos de 10 kilómetros de la frontera o 5 kilómetros de la costa. Sin embargo, esta restricción no aplica para inversores de ultramar (estadounidenses, europeos o asiáticos), facilitando la compra de grandes extensiones en el sur de Chile.

Reforma a la Ley Indígena. El gobierno impulsa modificaciones estructurales a la Ley Indígena. Se busca eliminar las restricciones de uso del suelo de los predios comunitarios, permitiendo que los integrantes de las comunidades puedan libremente arrendar, hipotecar o enajenar sus tierras. Mientras el gobierno argumenta que esto reactivará tierras productivas que no se explotan, las organizaciones mapuches denuncian que abrirá la puerta para que grandes corporaciones forestales o inmobiliarias absorban los territorios comunitarios a través del mercado financiero.

Ausencia de Regulación del Agua y la tierra como Activo Climático

Ni Argentina ni Chile cuentan actualmente con leyes sólidas que entiendan al territorio como un refugio climático o que limiten la concentración de las fuentes de agua dulce en manos privadas.

Las provincias argentinas tienen el dominio de sus recursos naturales, pero los códigos de agua locales son antiguos y carecen de atención sobre la escala de los latifundios. Si una corporación compra las tierras donde nace un río, el acceso público, en la práctica, se bloquea (el caso de Joe Lewis en Lago Escondido).

Aunque existen esfuerzos ambientales específicos bilaterales -como los planes conjuntos de conservación de las turberas patagónicas (esenciales para capturar carbono), los marcos macroeconómicos priorizan la mercantilización del suelo.

Enclaves Tecnológicos

Los proyectos tecnológicos de IA representan la encarnación de la modernidad extractiva y de la nueva distopía mítico-territorial patagónica. La región deja de ser vista solo como una reserva de petróleo, gas o lana, para convertirse en un territorio codiciado por las grandes corporaciones de Silicon Valley para exportar capacidad de cómputo.

El giro drástico comenzó con el proyecto Stargate Argentina, impulsado por un consorcio entre Sur Energy y OpenAI, para instalar un DC enfocado en IA en predios del departamento Confluencia (Neuquén), cerca del río Limay. En paralelo, Tesla avanza en misiones exploratorias en la misma provincia para asociarse con generadoras energéticas locales.

La Patagonia se transformó en la meca para la infraestructura de la IA debido a: el frío natural y los vientos constantes, como ventaja económica, puesto que los servidores optimizados para IA (que ejecutan trillones de operaciones por segundo) generan temperaturas extremas, al usar el clima natural para disipar el calor, las tecnológicas ahorrarían miles de millones de dólares en costos de enfriamiento; el nuevo extractivismo, para viabilizar el entrenamiento permanente de modelos de lenguajes que demandan el consumo energético extraordinario, por caso el proyecto OpenAI requeriría 500 MW que competiría con la red eléctrica residencial, también utilizaría refrigeración líquida evaporativa (2,5 millones de litros anuales por MW), en Chile el DC de Google saturó el acuífero del polo de Santiago; el vacío regulatorio y los beneficios RIGI, mientras Chile tiene un Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, Argentina anula regulaciones ambientales, impositivas y comerciales específicas para este tipo de infraestructuras y, por el Acuerdo de Reciprocidad con EE.UU., dichas instalaciones tendrían prioridad legal ante situaciones de sequía o emergencia hídrica, postergando el consumo humano o agrícola; la ilusión del enclave digital, al tratarse de estructuras gigantescas, demandantes de enormes extensiones de tierra, tendidos de alta tensión y fibra óptica, que solo requieran entre 50 y 100 empleados, sin derrame económico ni demográfico.

Energía Nuclear en la Patagonia

Las propuestas para implementar energía nuclear en la Patagonia de Argentina y Chile propenden a que la región se transforme en escenario de un entramado de acciones tecnológicas experimentales. En Argentina se promoverían proyectos de gran envergadura y exportación de materias primas, en tanto en Chile se orientarían a la investigación técnica compartida, en función del reciente convenio de cooperación nuclear para usos pacíficos de la tecnología (medicina y gestión de combustible gastado).

Ciudad Nuclear y el resurgimiento del uranio. Se presentó un Plan Nuclear Argentino para potencia al sur del país, por medio de tres fases: creación de un nodo tecnológico “limpio” alimentado de forma autónoma por reactores con el objetivo de dotar de energía abundante e ininterrumpida a DC de IA, aprovechando el clima frío norpatagónico para la refrigeración; implementación de los reactores modulares pequeños (SMR) como el reactor ACR-300 de INVAP, reapertura de una mina de uranio (cerro Solo, Chubut) para producir combustible propio combustible y constituirse en exportador global .

Investigación civil y rechazo a la nucleoelectricidad. Chile no cuenta con plantas de generación de energía eléctrica nuclear debido a la altísima sismicidad, su enfoque es estrictamente científico y regulatorio: el reactor RECH-1 de investigación para ser utilizado en medicina, agricultura y análisis geológico, en la gran minería e industria para optimizar procesos de trazabilidad en la minería pesada y en el control de calidad biológica para la salmonicultura patagónica.

Funcionamiento Físico y Legal para DC

El ecosistema de la IA en la Patagonia se está estructurando en la infraestructura física de DC y un marco legal para operar (las corporaciones no humanas). Los DC tendrían el rol de fábricas computacionales, de almacenamiento y distribución, es decir, de redundancia como asistencia global de réplica de las bases de datos con múltiples localizaciones geográficas para que el sistema no caiga y llegue a diferentes mercados; y de descentralización física permite partir el sistema, pero la propiedad intelectual, el código fuente y las ganancias finales se giran a las casas matrices en Silicon Valley, el territorio pone el suelo, el agua y la energía.

Reformas legales. El proyecto a la Ley General de Sociedades introduce las figuras de Sociedades Automatizadas (SA) y de Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). La primera se corresponde con empresas que podrían funcionar al 100% mediante algoritmos, contratos inteligentes e IA, sin necesidad de empleados, directores o recursos humanos en su operación ordinaria, tendrían personería jurídica plena: podrán facturar, tener patrimonio y celebrar contratos de máquina a máquina; si el algoritmo comete un fraude financiero, daña un mercado o incumple un contrato, la responsabilidad legal recae sobre el patrimonio de la propia empresa-máquina, blindando por completo a gestores, operadores o creadores humanos que programaron el sistema al aplica el principio de responsabilidad limitada.

Escenario distópico perfecto. Un DC en la Patagonia puede alojar físicamente miles de SA que podrían operar de manera autónoma en mercados globales. Yuval Noah Harari (https://www.ynharari.com/es/) indican que este tipo de personería jurídica es un mecanismo de evasión de responsabilidad. Si una IA comete un delito o quiebra, no se la puede encarcelar ni obligar a los dueños del software a pagar con sus bienes personales. La ley actuaría como un escudo protector para el capital tecnológico.

La tradición legal en el continente considera a todo lo no humano como «cosa». Específicamente en los Códigos de Argentina y Chile, los animales, árboles y objetos son cosas (bienes), carentes de voluntad propia. Más específicamente, una Sociedad Anónima tradicional (Techint, La Anónima) tampoco son persona de carne y hueso, constituyen un ente abstracto que la ley le otorga personalidad jurídica propia para tener patrimonio, contraer deudas y demandar a terceros. Hay una ficción jurídica. Con las SA o DAOs, la nueva ley extendería la ficción como capacidad jurídica instrumental, una persona jurídica de existencia ideal, puede actuar comercialmente como sujeto autónomo.

Ecocidio de Silicio

Las infraestructuras intangibles de la IA son instalaciones físicas que desgastan el territorio, generan residuos y consumen recursos, operando bajo un régimen que obtura los principios básicos de convivencia. Así las cosas, también conlleva a una crisis de soberanía.

El mito de la nube limpia oculta la realidad industrial. La IA es una de las tecnologías con mayor huella material en la historia humana. Si aplicamos el concepto de ecocidio definido internacionalmente como el daño ambiental grave, extenso y duradero o irreversible en los mega DC patagónicos, tendrían, en este sentido, tres aspectos claros: el ecocidio hídrico y térmico, ya que un DC de IA consume millones de litros de agua dulce al día para enfriar servidores, devuelve esa agua a los ríos de la Patagonia con temperaturas elevadas, alterando los ecosistemas de los ríos Limay o Negro, destruyendo la fauna acuática y acelerando la sequía de las cuencas, es daño irreversible y multiecosistémico; marea de basura electrónica, puesto que las placas GPU y los microchips optimizados para IA se vuelven obsoletos o se desgastan por el calor extremo cada 3 o 5 años, recambio continuo que genera toneladas de residuos tecnológicos altamente contaminantes (metales pesados, tierras raras, plásticos no degradables), en lugar de reciclarse en el origen, estos pasivos ambientales quedarían depositados en los suelos patagónicos.

Abdicación de la Convivencia y la Soberanía. El dictado de justicia en otros países, así como acuerdos internacionales que debilitan o anulan la prevención ambiental, operan como abdicación de la convivencia y un problema geopolítico.

La extranjerización de la Justicia y el arbitraje internacional. Bajo los regímenes económicos de hiperflexibilización RIGI en Argentina, el Estado abdica explícitamente de su soberanía judicial. Si una provincia patagónica o una comunidad local demanda a una corporación tecnológica global por violar las normas ambientales o agotar un acuífero, los contratos establecen que las disputas no se resuelven en los tribunales de Neuquén, Rawson o Santiago de Chile, se resuelven en tribunales de arbitraje extranjeros (como el CIADI en Washington o cámaras comerciales en Nueva York). Las justicias locales quedan anuladas, impidiendo que la población proteja su «comunidad de vida».

Colonialismo ambiental, beneficios para el Norte, costos para el Sur. Un informe reciente de la ONU (https://news.un.org/en/story/2026/06/1167658) expone la profunda injusticia ambiental digital: la IA no solo es responsable de cantidades preocupantes de gases de efecto invernadero que calientan la Tierra, la huella ambiental de esta tecnología también está creciendo a un ritmo que podría sobrecargar los recursos naturales del planeta. Más del 90% de la capacidad de cómputo especializada en IA está concentrada en Estados Unidos y China, en tanto en la Patagonia de Argentina y Chile se carece de infraestructura apropiada para las poblaciones y se pretende disponer de recursos vitales (el agua, el frío de los vientos, la energía de Vaca Muerta y de los centros de generación de electricidad), y se asume la degradación ecológica y los residuos del desgaste tecnológico, pero las patentes, las ganancias financieras y las decisiones algorítmicas se quedan en el Norte global.

Ruptura constitucional. Cuando un Estado le otorga prioridad de acceso al agua o a la energía a un galpón lleno de servidores automatizados (que apenas emplean personal local) por sobre el consumo humano de sus propios ciudadanos, está rompiendo el pacto básico de la Constitución: el territorio deja de ser el hogar de una nación soberana para convertirse en una plataforma logística de extracción pasiva, en lugar de promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.

A modo de conclusión

Diferentes sectores del territorio patagónico serían controlados por el capital global, beneficiándose del frío, el agua y la energía para alimentar una nube digital intangible; impactos sonoros y ambiental que ya está presente en granjas de criptominería a gran escala instaladas en Zapala y Tierra del Fuego. Que se magnificará con la habilitación de nuevos establecimientos turísticos y productivos e inmobiliarios, sin derrame económico para los habitantes locales. El mito del desierto ya no se coloniza con ganado o ferrocarriles, sino con silicio, algoritmos y galpones automatizados, grandes fracciones en mano de grandes propietarios y desposesión.

La propuesta de la Ciudad Nuclear pretende instaurar, con los códigos de la física cuántica, a la Patagonia como laboratorio experimental geopolítico corporativo. Apoyado en reformas de leyes comerciales que aportan impunidad legal con el riesgo de transformarse no solo en una colonia energética y de terratenientes, sino en el servidor físico de un nuevo tipo de paraíso fiscal empresario automatizado.

Es indispensable la incorporación del delito de ecocidio al Código Penal, aunque la batalla por la tipificación penal enfrenta a corporaciones energéticas y de la agroindustria que argumentan retóricamente que los conceptos de «daño grave» o «extensión espacial» criminalizan la actividad económica.

Se intenta crear un paraíso de impunidad ambiental, social, territorial y digital de bajas regulaciones impropias de una gestión estatal. Justicia socioambiental es el reclamo. Independencia política, integridad territorial y derecho a la autodeterminación desde el pueblo es el grito que está en las calles.

Hay una cruel perversión: la comunidad de vida asume los costes medioambientales sin control, sin reparación de daños. El futuro de la IA, del extractivismo para pagar -supuestamente- el endeudamiento, el refugio de terratenientes con desplazamientos de las comunidades locales no dependen de la innovación tecnológica, sino de decisiones políticas justas, responsables.

En la Patagonia se repite su mitología histórica, pero de manera corregida y aumentada: ya no es el «desierto» que el Estado nacional intentaba conquistar en el siglo XIX para poner una bandera, ni el genocidio de pueblos originarios. Ahora, la permisividad procura crear una zona integral de sacrificio donde el Estado abdica voluntariamente de los principios soberanos protegiendo con blindajes societarios de impunidad en nombre de un falso progreso global.

(*) Manuel Ludueña es integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, de Encuentro Verde por Argentina, del Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, y de Abya Yala en Clave de Geopolítica.