La denuncia fue presentada por la fuerza. Habrían detectado anomalías en el pago de haberes a 23 personas por más de $980 millones.
Investigan irregularidades en el pago de sueldos de la Armada Argentina por casi $1000 millones. Desde la propia fuerza hicieron una presentación en la Justicia, por presuntas anomalías en el abono de haberes a 23 personas, por más de $980 millones.
La denuncia la hizo el Jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, que advirtió sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.
Castro Maggio indicó que “durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les corresponden conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados”. El funcionario dijo que las presuntas anomalías alcanzan los $981.148.567,88.
Los detalles de la denuncia por presuntas irregularidades en el pago de sueldos en la Armada
El denunciante mencionó que en febrero detectaron que cinco agentes del Departamento Revista recibieron suplementos que no les correspondían, y que los involucrados “procedieron al reintegro de las sumas percibidas indebidamente”. Explicó que aumentaron los controles y avanzaron en la revisión de liquidaciones correspondientes a períodos anteriores.
El funcionario dijo que detectaron nuevas inconsistencias entre los haberes liquidados y los lotes de pago confeccionados para su remisión al Banco Nación, “entre ellas pagos por conceptos que no surgían de las respectivas liquidaciones, importes incorporados a los lotes sin encontrarse reflejados en los recibos de haberes, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya vinculación con la Armada inicialmente no pudo determinarse”.
La denuncia advirtió sobre cambios en los archivos originalmente generados por el Sistema de Haberes, con “incorporación de acreditaciones a favor de un grupo determinado de personas por importes superiores a los que correspondían según sus respectivas liquidaciones y, en otros casos, sin respaldo en haberes liquidados”.
Sumado a alteraciones con posterioridad al proceso ordinario de liquidación “cuyo efecto fue incrementar transitoriamente determinados importes”. Tras la generación de archivos destinados a la acreditación bancaria, los registros eran restituidos a sus valores originales, “de modo que tales modificaciones no quedaran posteriormente reflejadas en los recibos publicados” en el sistema de haberes.
La presentación identificó entre los involucrados a “personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada”.
Estas últimas son María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, Amalia Cristina Díaz, con 46 acreditaciones por $91.978.048,38, Natalia Carolina Yahia, con 45 acreditaciones por $90.466.948,33. Prieto es la persona que recibió el mayor importe individual entre los 23 involucrados identificados, y es cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío, Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
El Gobierno habló de “tolerancia cero a cualquier irregularidad”, tras la denuncia por presuntas anomalías en el pago de sueldos
El Ministerio de Defensa, por su parte, confirmó a través de un comunicado que “se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos”. La cartera liderada por Carlos Presti mencionó que “constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Número 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación”.
Defensa destacó: “La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley”.
