El gobierno nacional invitó a los organismos internacionales de derechos humanos que reclaman la libertad de la dirigente social que permanece encarcelada en Jujuy.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, confirmó este viernes las invitaciones cursadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que visiten la Argentina, entre otras acciones detalladas durante una reunión que mantuvo con integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
Junto al jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Esteban Conte Grand, y el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, Avruj expuso esas y otras acciones adoptadas respecto de la situación de Sala a la delegación del Comité integrada por Eduardo Tavani, María Elena Naddeo, Estela Díaz y Aníbal Ibarra, informaron tras la reunión fuentes gubernamentales a la agencia Télam.
En ese marco, les hicieron saber que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, instruyó por decreto al fiscal de estado Mariano Miranda para que, en su carácter de querellante en causas penales contra Sala, ponga en conocimiento de jueces y fiscales la «opinión» del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que en octubre pasado recomendó su «inmediata» liberación por considerarla «arbitraria».
El aludido decreto del Ejecutivo jujeño, fechado el miércoles último, da instrucciones «a fin de que los organismos jurisdiccionales competentes consideren la misma (recomendación del Grupo de Trabajo) respecto de detenciones o resoluciones de prisiones preventivas dictadas oportunamente en el marco de dichas causas» contra Sala y otros integrantes de la organización Tupac Amaru encarcelados.
Por su parte, Tavani opinó que la información sobre este decreto provincial fue «lo más importante que dejó la reunión», a la que los integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala acudieron a fin de tomar conocimiento de «las acciones adoptadas por el Estado nacional para dar cumplimiento a la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU».
«La resolución es clara y se basa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son dos normas internacionales incorporadas a la Constitución Nacional con la reforma de 1994», afirmó.
En cuanto a las invitaciones cursadas a la ONU y la CIDH, las fuentes consultadas señalaron que el martes próximo Avruj brindará en la ciudad suiza de Ginebra el habitual informe anual en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que, al margen de esa actividad, se reunirá con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para formalizar la invitación para que viajen a la Argentina.
Con similar propósito, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos se comunicó el jueves telefónicamente con el presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien recibió la invitación como «una excelente noticia».
En el caso del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el CELS y Amnistía Internacional, organismos que iniciaron con su denuncia el expediente respecto de Milagro Sala, coincidieron en señalar que la posible visita de ese organismo de la ONU al país serviría para ver «cómo se implementa» su recomendación.
Paola Garcia Rey, directora de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, dijo a Télam que la visita del Grupo de Trabajo «es posible con una invitación del Estado nacional» y que, en caso de concretarse, «vendrían para ver cuáles son los mecanismos y medidas adoptados por el Estado para implementar la decisión (sobre Sala), que se encuentra firme y no puede ser apelada ni revisada».
Por su parte, el director del CELS, Gastón Chilliers, sostuvo que la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo fue la culminación «de un proceso de intercambio y presentaciones que el Estado nacional contestó», por lo que, si se concreta la visita, «vendría para ayudar a implementar la resolución sobre la libertad de Milagro Sala».
Milagro Sala, dirigente de la agrupación territorial jujeña Tupac Amaru, está acusada por malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. También, está siendo investigada por presunta «evasión fiscal y enriquecimiento ilícito» y, además, suma una acusación por «encubrimiento de tentativa de homicidio», y por «instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real», a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo provincial y por «amenazar de muerte a dos policías», el 13 de octubre de 2014.
Fuente: Télam
