Los bancos prevén que este trimestre volverá a crecer la demanda de crédito, pero, en un contexto de morosidad récord, anticipan que aplicarán criterios más exigentes para otorgar nuevos préstamos, especialmente en las líneas de consumo y para las pymes. En ese escenario, un banco público concluyó que dos de cada tres personas que cayeron en atrasos en los últimos dos años no lo hicieron por haberse endeudado más, sino por una pérdida en su capacidad de pago.

La postura del Gobierno fue ratificada este domingo por el presidente Javier Milei, quien descartó cualquier posibilidad de asistencia para quienes no pueden afrontar sus deudas. “La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó durante una entrevista con Luis Majul para La Cornisa (LN+). “Nosotros fomentamos que refinancien. De hecho, hacemos mucho también. No se olviden de que el riesgo país pasó de 1.500 puntos después de la elección a 420 hoy”, sostuvo el Presidente.

Sus declaraciones reforzaron la posición que ya había expresado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había definido el aumento de la mora como “un tema entre privados” y sostuvo que el rol del Gobierno pasa por promover refinanciaciones, pero no por rescatar a los deudores.

Las expectativas surgen de la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) que elabora trimestralmente el Banco Central (BCRA), un relevamiento entre los máximos responsables de las áreas de crédito de las principales entidades financieras del país, que en conjunto concentran alrededor del 90% de los préstamos al sector privado.

En el segmento de las empresas, las entidades señalaron que durante el segundo trimestre las condiciones de otorgamiento de préstamos se mantuvieron, en términos generales, sin cambios respecto del período anterior. Sin embargo, para el trimestre en curso anticiparon “un sesgo levemente restrictivo” en los estándares de aprobación, una tendencia que, según el propio informe, será más marcada en las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, los bancos esperan que la demanda de crédito vuelva a crecer tras la desaceleración observada entre abril y junio, aunque esa recuperación estaría impulsada principalmente por las grandes empresas.

Entre las familias, el diagnóstico es similar. Los bancos prevén “una tendencia hacia la restricción de los estándares crediticios” en las líneas de consumo, especialmente en tarjetas de crédito y otros préstamos al consumo, mientras que no esperan cambios significativos en los créditos con garantía real, como los hipotecarios y los prendarios. Pese a esa mayor cautela, también proyectan que durante este trimestre aumentará la demanda de financiamiento de los hogares en la mayoría de las líneas.

En otras palabras, las entidades esperan que el crédito vuelva a ganar dinamismo, aunque con una política de otorgamiento más selectiva que en la primera etapa de recuperación del financiamiento al sector privado.

Según la encuesta, los bancos prevén exigir más garantías y reducir los plazos de financiamiento para las empresas, especialmente en el caso de las pymes. Entre las familias, el endurecimiento se concentrará en las tarjetas de crédito y los préstamos personales, donde anticipan menores montos de otorgamiento y requisitos más estrictos, mientras que los créditos hipotecarios y prendarios no mostrarían cambios significativos.

Según un informe de Econviews, la morosidad de los préstamos al sector privado alcanzó en mayo el 7,7%, el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad. El fenómeno fue especialmente marcado entre las familias, donde la mora llegó al 12,8%, el registro más elevado de las últimas dos décadas. Los mayores problemas se concentraron en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, mientras que los hipotecarios continuaron mostrando niveles de incumplimiento significativamente menores.

Para la consultora, el aumento de la irregularidad responde a una combinación de factores. Por un lado, la fuerte expansión del crédito durante los últimos dos años, que pasó de representar el 4,2% del PBI en abril de 2024 al 8,5% en la actualidad, amplió la base de deudores y llevó el financiamiento a hogares con un perfil de riesgo más alto. A eso se sumaron el incremento de las tasas reales durante el período de mayor incertidumbre preelectoral de 2025 y una leve caída del salario real, que elevaron la carga financiera de las familias.

No obstante, Econviews remarcó que el sistema financiero continúa sólido: por cada $100 de créditos en mora, los bancos ya reconocieron pérdidas y constituyeron reservas por $86,3, un nivel que la consultora consideró suficiente para absorber el deterioro de la cartera a pesar del impacto en los balances de las entidades.

El Centro de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires llegó, sin embargo, a una conclusión diferente. Tras analizar la evolución de los 17,15 millones de personas que tenían algún tipo de deuda en julio de 2024, la entidad detectó que 4 millones cayeron en mora durante los últimos dos años. De ese universo, casi dos de cada tres (más de 2,6 millones de personas) no habían incrementado sus deudas por encima del promedio del sistema.

Para la entidad, esos datos muestran que el deterioro respondió principalmente a una pérdida de la capacidad de pago asociada a la caída de los ingresos reales, la destrucción de puestos de trabajo en el sector formal y el aumento de los gastos fijos, como tarifas, más que a un proceso de sobreendeudamiento. Según esa interpretación, la mayoría de quienes dejaron de pagar no lo hizo porque hubiera tomado créditos significativamente mayores, sino porque sus ingresos dejaron de alcanzar para afrontar las cuotas.

Sebastián Cao, economista de Econométrica, agregó otro elemento al diagnóstico: la persistencia de tasas de interés activas elevadas. Según explicó, aunque el costo de fondeo de los bancos cayó de manera significativa en los últimos meses, las tasas que pagan quienes toman préstamos descendieron mucho menos debido al aumento del riesgo crediticio, los costos regulatorios y la carga impositiva. Como ejemplo, señaló que un préstamo personal tenía un costo financiero total (CFT) cercano al 120% anual en marzo de 2024 y prácticamente el mismo nivel en julio de 2026, pese a que en ese período la inflación interanual cayó de 250% a 33,5%.

“Hay que diferenciar el punto: es un tema entre privados, o sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí”, afirmó Caputo, el viernes pasado en una entrevista con A24.

El funcionario sostuvo que el Gobierno ya había advertido a algunas entidades sobre los riesgos de prestar a tasas cercanas al 10% mensual cuando los salarios crecían a un ritmo muy inferior. “Nosotros, en su momento, le dijimos a más de un banco: ‘Si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague’”, recordó.

Caputo consideró que la mora tenderá a disminuir con el tiempo a medida que los bancos refinancien las deudas a tasas más bajas y plazos más largos. Pero insistió en que no habrá un rescate estatal. “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones”, afirmó, al rechazar la posibilidad de que el Estado asuma el costo de los créditos que terminaron en incumplimiento.