Un total de 1008 familias, de diferentes localidades entrerrianas, se adhirieron al sistema de cancelación anticipada de cuotas de las viviendas sociales que implementó el gobierno provincial a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en los últimos 18 meses.
 Se recaudaron más de 15, 7 millones de pesos.
Así lo dijo el titular del organismo, Marcelo Casaretto quien afirmó que “la medida permitió que más familias entrerrianas puedan cancelar totalmente sus cuotas, obtener el libre deuda y empezar los trámites de escritura. A partir de ahí, la casa es totalmente propia, sin ningún tipo de hipoteca o gravamen, y de libre disponibilidad».

En ese contexto, el funcionario indicó “ingresaron al organismo más de 15,7 millones de pesos”, resaltó el funcionario e hizo hincapié que “la implementación del sistema tuvo como objeto proceder a la entrega definitiva de viviendas con sus respectivas escrituras traslativas de dominio, la reducción en el costo de escrituración, y en los costos operativos de administración y cobranza, sumado a una mayor eficiencia en el manejo de la base de datos”.

Casaretto señaló que “cuando un entrerriano accede a una vivienda del IAPV, accede a más que sólo una casa. Accede a un hogar, y a un espacio propio de realización familiar, y al hacerlo asume también un compromiso solidario para con otro vecino que está esperando su solución al problema habitacional que tiene”.

Precisó que “los fondos que se obtuvieron de la cancelación anticipada de cuotas se podrá dar más respuestas a otros habitantes que están anotados en los planes habitacionales y no han sido beneficiados hasta el momento”.

El Sistema de Cancelación Anticipada de Deuda este año involucró a los titulares de viviendas sociales que la cuota mensual sea inferior o igual a 2.000 pesos. Se aplicó un 20 por ciento de descuento para los adherentes que estuvieran al día con el pago al 31 de octubre de 2018 y de un 12 por ciento para el resto de los adjudicatarios que debían cuotas. Quedaron exceptuados quienes tuvieran menos de 60 facturas emitidas, alguna irregularidad ocupacional o se encuentren en proceso judicial por o contra el Instituto.