Justicia Tras el fallo adverso de la Corte Suprema, el Gobierno nacional comenzó a darle cumplimiento a la medida cautelar. Promete igualar con las provincias que no recurrieron a la Justicia.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la posibilidad de realizar una aclaratoria, el Gobierno nacional comenzó a darle cumplimiento al fallo del máximo tribunal que obliga a la Nación a devolverle a las provincias la quita de recursos que tuvieron que absorber por la decisión de la Casa Rosada de reducir IVA y Ganancias.

Precisamente, el Gobierno nacional instruyó al Banco Nación a pagar este miércoles $ 674.061.751 a esa quincena de distritos, en concepto de “monto retroactivo” derivado de esa cautelar.

«Empezamos a cumplir el fallo de la Corte después de que la aclaratoria fue rechaza. Se empezó a pagar el retroactivo hasta hoy -por este miércoles- a las provincias que realizaron las demandas y se realizará vía el goteo diario del pago de la coparticipación«, explicó una fuente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas.

Las provincias que habían demandado al Estado son Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. En total, le reclamaban la parte que le correspondía a cada uno de los $ 41.000 millones totales que tenía como costo estimado que iban a dejar de recaudarlas provincias en su totalidad.

Las ocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no demandaron al Estado nacional habían adelantado que si no había igualdad de condiciones también recurrirían a la justicia. Pero eso no sería necesario.

Según adelantaron a El Cronista este jueves se publicaría en el Boletín Ocial una norma «con la que se va a regularizarla situación de las provincias que no demandaron para que queden en igualdad de condiciones y también reciban la parte que les toca vía el goteo de coparticipación».

Con esta medida se da cumplimiento al fallo de la Corte que establece que la puesta en marcha de los decretos 561 y 567 los tiene que costear el Estado nacional.