El síndico fiscalizador afirmó que su informe contradice el diagnóstico del Ejecutivo y pidió que las autoridades expliquen la situación real del organismo ante la sociedad. 

 

El debate sobre la situación financiera de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo capítulo luego de que el síndico fiscalizador por la oposición, Pablo Giampaolo, cuestionara públicamente el balance presentado por el Gobierno provincial y afirmara que la realidad económica del organismo difiere sustancialmente del diagnóstico oficial.

El contador, designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del bloque de senadores justicialistas, sostuvo que el informe elaborado por la actual conducción omite aspectos centrales de la situación patrimonial y financiera de la obra social. Incluso afirmó que el gobernador Rogelio Frigerio podría no estar recibiendo información completa sobre el estado del organismo.

Giampaolo lamentó además que no prosperara el pedido para que el presidente de la OSER, Mariano Gallegos, concurriera a la Legislatura a brindar explicaciones sobre la marcha de la entidad, instancia en la que también pretendía exponer las conclusiones de su informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2025.

«El déficit bajó porque pagaron más los afiliados»

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reducción del déficit anunciada por el Ejecutivo.

Según Giampaolo, esa mejora no obedeció a una disminución del gasto sino al incremento de los ingresos provenientes de los propios afiliados mediante mayores aportes, coseguros y fondos complementarios.

A su criterio, mientras los afiliados enfrentan mayores costos para acceder a las prestaciones, continúan creciendo gastos administrativos que no guardan relación directa con la atención médica.

Entre ellos mencionó el aumento de comisiones bancarias, gastos judiciales, multas, publicidad y honorarios profesionales.

Deudas en aumento

El síndico también cuestionó la evolución del pasivo de la obra social.

Según los datos que expuso, la deuda pasó de aproximadamente 56.000 millones de pesos a 80.000 millones durante 2025, lo que representa un incremento cercano al 41 por ciento en apenas un año.

En paralelo, señaló que los gastos totales crecieron un 43 por ciento, porcentaje superior a la inflación anual registrada en el mismo período.

Entre los rubros que más aumentaron destacó los gastos judiciales, las multas y las partidas destinadas a publicidad.

Más créditos y más afiliados endeudados

Otro de los indicadores que Giampaolo considera preocupantes es el crecimiento de los créditos asistenciales otorgados a los afiliados para afrontar coseguros y otras prestaciones.

Según explicó, esos préstamos aumentaron más del cien por ciento como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Al mismo tiempo, advirtió que crecieron de manera exponencial los créditos considerados morosos o incobrables, situación que, según afirmó, supera actualmente los 125.000 millones de pesos.

Prestaciones y transparencia

Respecto del aumento de prestaciones informado por el Gobierno, Giampaolo sostuvo que parte de ese crecimiento responde a la reactivación de autorizaciones que habían sido suspendidas durante la intervención del organismo y no a una ampliación efectiva de la cobertura.

También cuestionó las medidas adoptadas por el Directorio en materia de control interno.

En particular, objetó una circular que obliga a que los informes de la sindicatura sean emitidos de manera conjunta entre el representante del oficialismo y el de la oposición, situación que, según afirmó, dificulta el ejercicio independiente de las tareas de fiscalización previstas por la ley.

Reclamos por falta de información

Finalmente, Giampaolo denunció que enfrenta restricciones para desarrollar su trabajo de control.

Entre otras situaciones, mencionó demoras en la entrega de documentación solicitada, limitaciones para recorrer las delegaciones del interior, la desvinculación del personal que colaboraba con la sindicatura y distintas medidas administrativas que, a su entender, restringen las facultades de supervisión que le otorga la legislación vigente.

Para el síndico, el panorama financiero de la OSER continúa siendo delicado y requiere un diagnóstico más transparente y un debate público sobre el verdadero estado de la obra social, más allá de los anuncios oficiales.