Dirigentes de Festram y de la Federación de Jubilados expusieron ante las comisiones del Senado. Advirtieron sobre la inconstitucionalidad de varios artículos, cuestionaron el «aporte solidario» y alertaron que la pérdida de poder adquisitivo resentirá fuertemente el consumo y la economía de las pequeñas localidades entrerrianas. APFDigital estuvo en el lugar de los hechos.

En la tarde de este martes se realizó el segundo encuentro pactado por las Comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales del Senado con el objetivo de recibir las exposiciones y aportes de los sectores invitados al debate por la reforma previsional.

En la oportunidad, estuvieron presentes integrantes de la Comisión Directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), junto al presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo, y la vocal por los pasivos, Claudia Valori.

El primero en hacer uso de la palabra fue el Secretario General de Festram, Mario Barberan, quien recordó que la “alarma de preocupación” se activó con los primeros lineamientos y se profundizó al leer el proyecto presentado por el Ejecutivo provincial. Al respecto, agregó: “Esta iniciativa no nos contiene para nada, y se lo anticipamos en su momento al presidente de la Caja”.

Por otra parte, subrayó que los intendentes aún no se han expresado públicamente sobre el tema siendo que, según su mirada, la norma los “perjudica bastante». Al respecto, advirtió: «Si no hacen los aportes que tienen que hacer, se les descontará del presupuesto proveniente de la coparticipación”.

Luego fue el turno del Secretario General de la seccional Crespo, Hernán Muñoz, quien advirtió que lo dialogado en los encuentros previos con Humberto Bagnat “no tiene nada que ver” con lo finalmente presentado en el Senado. Por ello, aprovechó la oportunidad para recordar un pedido que no fue cumplido: “Que los trabajadores municipales no tengan el mismo índice de actualización que los demás empleados públicos”.

Para ejemplificar la situación que se vive en su localidad, señaló: “En Crespo venimos cerrando un acuerdo salarial del 17% distribuido en seis meses, por lo que es irrisorio que los jubilados tengan un incremento de apenas el 3,5%”.

Por otra parte, el representante gremial criticó el aporte solidario de carácter excepcional que establece el texto durante la vigencia de la emergencia. “Ya nos sacaron un 3% en 2024 y ahora nos piden que parte de nuestro salario sea transferido porque los ingresos de los jubilados se van a reducir. ¿Cómo vamos a hacer acuerdos salariales teniendo en cuenta esta situación?”, cuestionó. Además, alertó: “Esa reducción de ingresos va a determinar que haya menos movimiento económico en nuestras pequeñas ciudades”.

En sintonía con el planteo de Muñoz, en tercer lugar expuso el Secretario General de San Salvador, Martín Santana, quien precisó que del déficit total que hoy tiene la Caja de Jubilaciones, solo el 4% corresponde a los Municipios. Asimismo, alertó sobre la realidad del sector al señalar que el promedio salarial de los trabajadores municipales apenas supera los 800 mil pesos.

El último representante de Festram en exponer fue el Secretario Legal, César Cruz, quien detalló los puntos de la iniciativa que el gremio considera inconstitucionales. Entre ellos, cuestionó la delegación de facultades por parte del Legislativo al presidente de la Caja para tomar decisiones que “afecten el presente y futuro de los jubilados y activos”.

También puso el foco en el artículo 14 bis: “Ningún trabajador, por más que firme una renuncia de derechos ante un escribano, tiene valor, porque el derecho laboral no lo permite”, indicó. Además, advirtió que el procedimiento que establece la Provincia para determinar los haberes de los jubilados viola el artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos, el cual resguarda el espacio de las paritarias y la movilidad.

A su turno, el presidente de la Federación de Jubilados, Oscar Pirillo, valoró la instancia de diálogo pero reafirmó la plena vigencia y legitimidad del 82% móvil, así como el mecanismo para su aplicación. “No pueden ser evaluados desde una logística financiera cuando están en juego muchos adultos mayores”, manifestó. Asimismo, exigió que el proyecto de ley contenga un artículo que aclare de forma taxativa que su aplicación no tendrá ningún efecto retroactivo, a fin de garantizar los derechos ya adquiridos con la norma vigente.

El pedido se fundamenta en el análisis de la vocal Claudia Valori, quien mencionó cuatro puntos del proyecto que dan a entender que los actuales jubilados sí se verán afectados por la nueva norma. Uno de ellos es que, en caso de declararse la emergencia, deberán realizar el mencionado aporte solidario. Otro punto que preocupa al sector es que la ampliación de facultades al presidente de la Caja podría «restarle» valor y peso a la opinión de los vocales del directorio.

Finalmente, Valori hizo referencia al aumento de la edad jubilatoria para las mujeres: “Esta no es la paridad de la que hablamos. Se olvidaron de las tareas de cuidado que la mujer realiza tanto durante su vida activa como cuando se jubila”, concluyó.