Salud, Femer y Iosper definieron medidas para evitar el ejercicio ilegal de la medicina
En virtud de la divulgación de prácticas y tratamientos medicinales ilegales y fuera de la reglamentación, el Ministerio de Salud, el Iosper y la Femer, tomaron la firme decisión de neutralizar estas intervenciones que pueden generar un impacto negativo en la salud de los entrerrianos.
En este marco, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, acompañada por la directora general de Hospitales, Karina Muñoz, y el coordinador de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud, Gonzalo Navarro, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de Iosper, Fernando Cañete; la vicepresidenta de Femer, María Cristina Gariboldi; y el tesorero de esa institución, Roberto Balbarrey.
En la oportunidad, Velázquez manifestó: “Estamos muy atentos a que estas prácticas no se ajusten a las normas y reglamentaciones del ejercicio de la profesión médica en el territorio, en particular, con respecto a la matriculación y habilitación necesaria”.
“Cualquier acto médico que se desarrolle sin la observación estricta de las normas reseñadas, será puesta en conocimiento de las autoridades judiciales competentes –remarcó la ministra-. Sin la debida autorización, ya sea el uso terapéutico de células madre, así como otros tratamientos que no cuentan con el aval científico en nuestra provincia, constituyen prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad, salud y vida de los pacientes entrerrianos”.
Por su parte, el director del Iosper, Fernando Cañete, indicó: “Tomamos la decisión de resguardar el interés de la salud de los entrerrianos. En la obra social tenemos solicitudes sobre avances de algunas patologías determinadas en la provincia que no tienen perspectiva de dar solución o resolver la cuestión de fondo de los pacientes”.
“Trabajamos junto a la ministra, su equipo y la Femer para que los entrerrianos no sean sujetos de pruebas de aquellas nuevas tecnologías que no poseen rigor. Algunos médicos vienen a practicar la medicina en forma ilegal. Tenemos algunos casos que estamos tratando en la obra social, y esperamos que continuemos en un camino corrector, defendiendo a los afiliados y que no se aprovechen de las necesidades de salud”, señaló Cañete.
“Muchas veces los usuarios del sistema sanitario que tienen un familiar enfermo, en la desesperación, buscan la solución de cualquier manera y ahí es donde aprovechan los ´médicos golondrina´ que inclusive, a veces, ni son de este país, e ingresan a pretender brindar una medicina que realmente no están en condiciones de dar”.
Cabe citar que el próximo 10 de abril, se reunirán las instituciones, junto a otros entes, asociaciones, federaciones y colegios para continuar con las líneas de acción y evitar el ingreso de médicos sin habilitación.
La palabra del Incucai
En este contexto, desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), emitieron un informe para dar a conocer su posición al respecto de los tratamientos ilegales.
En el mismo, manifestaron: “El Incucai recuerda que cualquier uso de células madre que no sea el trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas debe considerarse experimental y su práctica debe ser expresamente aprobada por las autoridades sanitarias. La única práctica con células madre que ha demostrado seguridad y eficacia científica, la cual se realiza con éxito en miles de pacientes en nuestro país y en el mundo es el trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en casos de enfermedades onco-hematológicas. Fuera de este tratamiento no existe evidencia clínica, ni tratamientos establecidos a nivel nacional e internacional, que hayan demostrado la eficacia del uso de células madre para curar otras enfermedades”.
Por último, en otra parte del comunicado, hicieron referencia a la aprobación de estas prácticas por entes ministeriales: “En la Argentina, los protocolos de investigación clínica que involucran el uso de células madre deben ser aprobados por el Incucai. Es importante destacar que las prácticas experimentales deben realizarse bajo un marco regulatorio estatal que compruebe su eficacia terapéutica y la ausencia de efectos secundarios indeseables. Asimismo, los protocolos de investigación clínica con células madre aprobados deben ser gratuitos para los pacientes”.