Solicitan la conciliación obligatoria porque peligra el derecho a aprender

“El derecho que peligra es el de aprender” que “está consagrado en la Carta Magna”, consigna el escrito presentado este viernes ante el Juzgado de Trabajo en turno de Paraná. También se pone de relieve que “desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa”.  

—hasta aqui tapa—cont adentro

Es en ese marco, que el gobierno pone en conocimiento al Poder Judicial que “nuestro derecho de negociar de Buena Fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”.

En el documento firmado por Miriam Clariá, abogada apoderada del Consejo General de Educación, con patrocinio letrado del Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, el gobierno promueve ante el Juzgado de Trabajo en turno de Paraná, la acción prevista en el artículo 1º último párrafo de la ley 9624, a fin de que se disponga la Conciliación Obligatoria prevista y la suspensión de las medidas de fuerza dispuestas o a disponerse por el término previsto en el artículo 16 de esa ley, es decir, por un término de 20 días hábiles.

Esta demanda se promueve contra la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).  

“Siendo que la modalidad gremial es repetida en cuanto a que al rechazo de una propuesta salarial siempre se le agrega una medida de fuerza, es que esta parte prevé inicialmente la necesidad de solicitar desde la promoción del presente la habilitación expresa de días y horas para el tratamiento del presente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos”, señala el escrito.

Agrega que “la educación es una obligación sustantiva del Estado liberal y social de derecho, he aquí que el derecho que se pretende proteger y procurar no devenga ilusorio, siendo el peligro concreto, el derecho de los educandos a recibir educación en la calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social”.

En otro orden, deja en claro que “la negociación se ha visto impedida por la actitud reticente de los gremios a discutir y comprender las limitaciones presupuestarias que le dan lógica y justificación a las propuestas cursadas, llegando incluso a realizarse medidas de fuerza mientras se sostenían estas negociaciones”.

“Lo manifestado no quiere significar que desconocemos el derecho de los trabajadores de la educación y en particular, el legítimo derecho de huelga, por el contrario, nuestra constitución ha insertado, una cláusula fuerte y operativa al consagrar la secuencia normativa: “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos, recurrir a la conciliación y al arbitraje, “el derecho de huelga” (Art. 14 bis, segundo párrafo). Pero está claro que la Constitución quiere decir, primero negociar, pactar, restablecer equilibrios, corregir desigualdades, hacer efectiva la paridad negocial entre los gremios y los empleadores mediante la generación de la legislación negociada del convenio colectivo; después, establecer los mecanismos preventivos del conflicto conciliando y acudiendo voluntariamente al arbitraje, sin indicar si ésta es una actividad estatal y, finalmente, como último recurso, la potestad gremial de ejercer el derecho de huelga (el empleo legal de la fuerza)”. 

Es en ese marco que deja en claro que se mantuvieron reuniones en Casa de Gobierno en febrero y  marzo, donde se retomaron otras demandas, además de la salarial, donde se llegó a ofrecer más de un 17% y un compromiso de revisión permanente, aunque las estimaciones inflacionarias son del 15%. También se señala que se hizo la propuesta “responsablemente mediante un gran esfuerzo, debido a que es una provincia que hace más de tres años, no constriñe el fondo compensador para hacer frente a las erogaciones y financiamiento de los salarios”.

Agrega que “ante el agotamiento de las instancias de diálogo informal, tras las propuestas formuladas y ofrecidas en las audiencias de diálogo, que fueron de público conocimiento, fueron rechazadas, es que ante la inminente necesidad de arribar a un acuerdo y GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS ENTRERRIANOS,  dado el compromiso tomado de iniciar las mesa de discusión paritaria, y salarial, en particular,  se solicitó a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que se arbitren los medios para constituir un ámbito de negociación con los Sindicatos Docentes que tengan representación acreditada. Las dos reuniones paritarias fracasaron.

“En consecuencia no cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado de Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria”, indica el escrito antes de agregar que “atento la inminencia de las medida de fuerza y siendo voluntad de esta parte efectivamente negociar con los gremios para llegar a un entendimiento sin resentir el servicio educativo, solicitamos se habiliten para la tramitación del presente días y horas, disponiéndose de inmediato, la suspensión de las medidas de fuerza, convocándose a audiencia de conciliación y notificándose todo esto con habilitación de días y horas a los Secretarios Generales de ambos gremios”.