Se cumplió un año de la histórica condena a 10 años de prisión al policía de La Paz Ángel Gerardo García, oriundo de Santa Elena, por trata de personas con fines de explotación sexual contra su propia pareja y madre de sus hijos. Fue la primera vez que se impuso una pena de este calibre (el máximo es 12 años) por este tipo de delito en Entre Ríos.

En la sentencia del 30 de marzo de 2021, en el Tribunal Oral Federal de Paraná, el juez Roberto López Arango también había ordenado que García le restituyera a la víctima, a modo de compensación económica por el enorme daño causado, el auto que era del matrimonio y que el policía utilizó para trasladarla y explotarla sexualmente, calvario al que la sometió por al menos una década.

Sin embargo, el condenado recurrió esta decisión judicial. Si bien la Cámara de Casación rechazó el recurso y entonces la resolución del juez quedó firme, es decir que García debía entregar el auto, luego el policía presentó un escrito en el que aseguraba que no sabía dónde se encontraba el vehículo.

Ante esta situación, en los últimos días el fiscal del Tribunal Oral Federal de Paraná, Ignacio Candioti, presentó un escrito para advertir que García estaba cometiendo un nuevo delito: desobediencia judicial. Entre los argumentos, según pudo conocer La Sexta, se esgrimió que el condenado dijo desconocer dónde estaba el auto recién cuando la vía judicial ya se le había agotado, y no desde un principio, en una clara maniobra dilatoria.

En este sentido, resta conocer si se le da vía al planteo de Candioti y en ese caso, García debería enfrentar una nueva causa judicial, ahora por desobediencia, mientras pasa sus días en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Por otra parte, La Sexta también pudo conocer que luego de que Casación rechazara la apelación de García y confirmara su condena, el funcionario policial recurrió la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dirimirá el asunto el 6 de abril.

La condena

El juez Roberto López Arango declaró a García «penalmente responsable» de los dos delitos endilgados por el fiscal federal José Ignacio Candioti -quien había pedido 11 años- con todas sus agravantes: trata de mujeres con fines de explotación sexual agravada por la condición de funcionario de una fuerza de seguridad del tratante, por haber sido la víctima su cónyuge y conviviente, porque se consumó el delito, por la situación de vulnerabilidad en la que fue rescatada la mujer; y promoción y facilitación de la prostitución, también agravados.

En este sentido, el magistrado también ordenó que García le restituyera a la víctima un auto VolksWagen Bora que era del matrimonio, y que continuase detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

«Su dignidad resultó afectada; la víctima fue usada como un objeto, como una mercancía», subrayó el fiscal José Ignacio Candioti en su alegato acusatorio, quien recordó que durante las testimoniales «la madre de la víctima contó que García reconoció los hechos y se arrodilló para pedir disculpas, pero García no la desmintió ni pidió un careo».