Organizaciones que conforman la coalición Infancia en Deuda elaboraron una agenda de políticas y pidieron al Estado que se «comprometa» con el cumplimiento de estos objetivos.
En el marco del Día del Niño, las organizaciones que forman parte de la coalición Infancia en Deuda elaboraron una agenda de medidas urgentes para la infancia y la adolescencia.A través de un documento, las ONG´s pidieron al Estado que se «comprometa» en el cumplimiento de estos objetivos para» reducir la inequidad en el ejercicio de los derechos de niños y niñas».

Los once puntos de la «agenda de medidas urgentes para la infancia y adolescencia«:

• Asegurar vacantes escolares para todos los niños y todas las niñas

Este año, más de 10.000 niñas y niños de la Ciudad de Buenos Aires quedaron en lista de espera por falta de vacantes en las escuelas de nivel inicial de gestión estatal. A nivel nacional, según el informe publicado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA), el 26,8% de las niñas y niños de entre 3 y 5 años no asisten al nivel inicial. En el Día del Niño pedimos a los ministerios de Educación nacional y de cada jurisdicción que aseguren vacantes para que ningún niño o ninguna niña quede por fuera del sistema educativo. 

• Asegurar la aplicación efectiva y equitativa de la Educación Sexual Integral

Los y las niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una correcta Educación Sexual Integral. La ley 26.150, aprobada en el año 2006, establece que todos los niños, niñas y jóvenes que asisten a escuelas públicas y privadas del país tienen derecho a recibir educación sexual integral, articulando «aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos». Sin embargo, desde su sanción, la ley no se aplica correctamente en todas las provincias ni en todas las escuelas. Según sondeos de la consultora D’Alessio IROL difundidos en marzo pasado, solo 2 de cada 10 alumnos argentinos reciben hoy en el aula educación sexual de manera habitual. Además, una encuesta sobre la aplicación de la ESI porteña elaborada por Libres del Sur, Mumalá e Isepci en 2016 indicó que el 31% de los alumnos no tuvo ningún tipo de educación sexual. Entre quienes sí accedieron, el 95% refirió que solo se habló de enfermedades de transmisión sexual y el aparato reproductor, dejando de lado temas clave como igualdad entre varones y mujeres, diversidad sexual, violencia contra las mujeres y formas de prevenir acoso, temas incluidos en la ESI. Reclamamos que el Estado nacional y los estados provinciales aseguren la aplicación efectiva y equitativa de la Educación Sexual Integral para niñas, niños y adolescentes.

• Realizar en forma urgente la Encuesta Nacional de Nutrición y garantizar la implementación de una política nutricional adecuada

La última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud se llevó a cabo en 2005: en ese momento, el bajo peso y la desnutrición crónica aparecían como las principales deficiencias nutricionales a nivel nacional, mientras que la obesidad se presentaba como problemática en ascenso. Actualmente, solo el 35% de los niños argentinos tiene garantizada la alimentación, según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA). En tanto, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 1 de cada 10 niños menores de 5 años padecen obesidad infantil en la Argentina. El Estado deberá impulsar en forma urgente la realización de una encuesta nacional nutricional e implementar una política nutricional adecuada a esos resultados. 

• Diagnosticar oportunamente el Chagas y brindar seguimiento a los casos positivos

Cada año, más de 1.300 niñas y niños en todo el país nacen con Chagas congénito y sólo el 50% son diagnosticadas/os. El estudio para detectar el Chagas es obligatorio en embarazadas, pero no siempre se cumple ni se continúa con el tratamiento. Esto ocasiona la falta de diagnóstico, seguimiento y control de más de 600 niñas y niños que nacen con la infección y la pérdida de oportunidades fundamentales para brindar un tratamiento adecuado que podría permitir la cura. Exigimos que el Estado cumpla con su obligación de diagnosticar oportunamente esta infección y brinde adecuado seguimiento a los casos que resulten positivos. No es un regalo, es un derecho. 

• Extender y profundizar políticas de fortalecimiento familiar

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia: el Estado debe garantizar ese derecho a partir de políticas de fortalecimiento familiar que contribuyan a que NNyA puedan crecer y desarrollarse bajo el cuidado de sus familias desde una perspectiva de protección y resguardo. Las pocas experiencias que hay en algunas jurisdicciones no cuentan con el alcance e impacto que deberían tener para abordar problemáticas familiares complejas que requieren de un acompañamiento específico para prevenir la pérdida del cuidado familiar. Separar a un niño/a de su familia debe ser siempre la medida de último recurso, luego de agotar todas las estrategias de intervención posibles. Es necesario avanzar en este sentido para cumplir con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Definir y monitorear estándares de calidad para hogares y residencias

En la Argentina, el 57% de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales residen en dispositivos formales de cuidado que son gestionados de forma privada (organizaciones no gubernamentales), mientras que el 43% reside en dispositivos gestionados por los gobiernos provinciales. A pesar del marco normativo vigente, con enfoque en Derechos Humanos, todavía hay gran desigualdad en la calidad de cuidado brindado por cada uno de los dispositivos y en las diferentes jurisdicciones. Esto impacta fuertemente en la preparación (o la falta de preparación) para el egreso de los adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Es urgente que el Estado Nacional se involucre en la definición de estándares de calidad para el cuidado en los dispositivos formales de cuidado y que participe activamente en su supervisión y monitoreo en cada una de las jurisdicciones, para poder definir prioridades de mejora de las acciones de cuidado integral. 

• Implementar el programa de acompañamiento a jóvenes sin cuidados parentales

En la Argentina hay más de 10.000 niñas, niños y adolescentes que han sido separados de sus familias por situaciones de violencia o maltrato y viven sin cuidados parentales en distintos dispositivos de cuidado formal, como los hogares convivenciales o residencias. Muchos de ellos egresan a los 18 años de la vida institucional sin ningún tipo de acompañamiento para la vida independiente. Hace más de un año, gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil y de los jóvenes organizados, se sancionó la ley 27.364, que crea el Programa nacional de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. Necesitamos que el Poder Ejecutivo nacional reglamente YA la ley de Egreso, para que se implemente este programa que brinda a cada joven egresado un referente para el acompañamiento y una asignación económica en cada una de las 24 jurisdicciones del país.  

• Desarrollar una política integral para superar la exclusión estructural

En el año 2017, el primer censo popular de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires arrojó cifras alarmantes: casi 600 niñas y niños viven en las calles porteñas. Para este Día del Niño reclamamos al Gobierno de la Ciudad el desarrollo de una política integral para superar las situaciones de exclusión estructural en que viven las niñas y niños y sus familias, con el debido respeto por el enfoque de los derechos del niño y su interés superior. 

• Impulsar acciones que aseguren la universalidad y equidad del régimen de transferencias para la infancia y la adolescencia

Un esquema de transferencias para las familias con niños/as debería ser universal para garantizar los derechos de niñas y niñas y erradicar la pobreza infantil. Sin embargo, se estima que alrededor de un millón y medio de niñas, niños y adolescentes de familias vulnerables aún no se encuentran cubiertos por este esquema de transferencias. Además, mientras que a los niños reciben AUH se les exige que corroboren la asistencia escolar, este requisito no opera para los niños que reciben AFH o cuyos padres deducen ganancias. Se sugiere la eliminación de las corresponsabilidades. Para promover una mayor equidad proponemos eliminar el límite de ingreso mínimo para el cobro de asignaciones familiares establecido por decreto, la exclusión de los niños hijos de inmigrantes que posean menos de tres años de residencia en el país y el límite de cinco hijos para el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Además, habría que crear un esquema especial de asignaciones para los niños sin cuidados parentales. Recordamos que un escenario inequitativo en las transferencias a la niñez contribuye inevitablemente a la infantilización de la pobreza. 

• Asegurar la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia y la adolescencia 

La infancia es la población más empobrecida del país: casi la mitad de los niños argentinos son pobres, según el último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), que confirmó en junio el dato de 48,1% de los chicos en situación de pobreza. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que el Estado realizará siempre inversiones crecientes, y dispone «la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional». Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifestó su preocupación a la delegación argentina que se presentó en Suiza en el marco de la 78º Sesión del Comité, «por la posible situación económica en la que se pueda ver inmerso el Estado a raíz de los posibles ajustes que corresponda hacer, conforme a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional», respecto de las políticas sociales destinadas a niñas, niños y adolescentes. Pedimos al Estado que se abstenga de ejecutar medidas de ajuste en la población más vulnerable de nuestro país en lugar de apuntar a mejorar sus condiciones. 

• Designar al Defensor del Niño 

El cargo de Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación está vacante desde su creación, hace 13 años, y corresponde al Congreso Nacional su selección y designación. El Defensor del Niño debe monitorear las políticas públicas para la protección integral de la infancia y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado tiene que garantizar a niñas, niños y adolescentes: a la vida, a una buena calidad de vida, a la dignidad e integridad física, psíquica, sexual, a la seguridad social, a la atención integral de la salud, entre otros. En 2017, tras una sentencia judicial originada en una presentación realizada por INFANCIA EN DEUDA y otras organizaciones sociales, se conformó la Comisión Bicameral del Congreso que abrió la convocatoria para elegir al Defensor del Niño por concurso público de oposición y antecedentes: se admitieron 68 postulantes. Reclamamos que su nombramiento se concrete a la brevedad mediante un procedimiento público, transparente, con indicadores objetivos, y con instancias de participación y control por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.