Consumo, impuestos y deuda: cómo impactará en la economía la ley de emergencia

El Gobierno trazó con la ley de Emergencia Económica que se aprobó este sábado en el Congreso un primer borrador de lo que pretende para la economía. Con esta hoja de ruta en mano, el Poder Ejecutivo preparó así el terreno para poder sentarse en los próximos días a discutir con los acreedores del país cómo hará para pagar la deuda, el próximo desafío que afrontará la administración de Alberto Fernández.

Las múltiples emergencias que declaró el Gobierno le dará discrecionalidad en distintas áreas de gasto del Estado. El aspecto principal es el jubilatorio: los fondos para la seguridad social representan el 60% del Presupuesto público total. Y esas erogaciones dejarán de ser actualizadas automáticamente. El Gobierno podrá dar incrementos de forma discrecional hasta tanto haya una nueva fórmula, dentro de seis meses.

Al mismo tiempo, el fisco recibirá un refuerzo de impuestos, básicamente, por la suba de los derechos de exportación, por el nuevo tributo de 30% a la compra y consumo de dólares y por el aumento en las alícuotas que cobrará AFIP de Bienes Personales.

Según distintas estimaciones privadas, el ahorro fiscal que le reportará a la Casa Rosada la combinación de menor gasto y mayores impuestos podría ser de alrededor de 1% del Producto Bruto Interno. Con esa carta el ministro de Economía Martín Guzmán podría mostrarles a los acreedores y al Fondo Monetario Internacional un ajuste fiscal convincente para rehacer el camino de pago de la deuda.

Una de las ideas que sobrevuela la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es la posibilidad de buscar un freno a la caída de la actividad económica. Para eso, la apuesta del Gobierno es dinamizar el consumo a través de una inyección de ingresos a los sectores con menores ingresos.

Así se explica, por ejemplo, el doble bono de 5 mil pesos que otorgará este mes y el próximo a los jubilados que cobran la mínima, que actualmente es de $14.000. El resto de los beneficiarios de haberes -de hasta unos $19.000– recibirán asimismo una suma extra menor.

El 20% con jubilaciones más altas son los que tendrá que «hacer el esfuerzo», según admitió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Asimismo, quienes reciban la Asignación Universal por Hijo tendrán un bono de 2 mil pesos solo durante diciembre. Todo esto tendrá un costo fiscal de 0,2% del PBI, según Elypsis.

«Los aumentos de marzo y junio definirán si existe ahí un ahorro relevante o si termina empatando lo que hubiera aumentado con la fórmula actual: en el extremo de no incrementar las jubilaciones nominalmente, el ahorro sería de 1% del PBI. En cambio, suponiendo que se aumentan los haberes en línea con la inflación contemporánea, el escenario más probable, el resultado es prácticamente igual que si se aplicara la fórmula de movilidad actual», con lo cual no se generaría ningún ahorro, afirmó esa consultora.

Esos pesos extra en la calle se combinarían con una baja de tasas de interés para el crédito, ya no por efecto de la ley sino por la acción del Banco Central, que esta semana bajó el rendimiento de las Leliq, que actúan como referencia para la economía, a 58%.

Para Lorena Giorgio, economista de Econviews, «el paquete de medidas redistribuye ingresos hacia sectores que tienden a destinar una gran proporción de su dinero a consumo; esto, sumado a un crédito más barato por las menores tasas de interés puede generar un impulso a la actividad económica a través del consumo privado», comentó en diálogo con TN.com.ar.

Por otra parte, otro factor de reactivación ligada a la emergencia social incluida en la ley es el consumo de alimentos y bebidas. En ese sentido actuará como catalizadora la tarjeta alimentaria que esta semana el Gobierno comenzó a repartir entre beneficiarios de AUH en Concordia, Entre Ríos y que continuará en otras ciudades.

Uno de los puntos elementales de la ley de emergencia económica es la batería de cambios que hace en el mapa impositivo argentino. Los tres principales son las retenciones a las exportaciones, la suba en las alícuotas de Bienes Personales y, el más novedoso, el impuesto de 30% al consumo y compra de dólares.

Las estimaciones privadas coinciden en que el nuevo tributo para la moneda extranjera podría contribuir al fisco por un monto cercano que equivale al 0,5% del PBI. Según la consultora Elypsis, eso significaría unos 95.000 millones de pesos extra de recaudación para el Estado.

Por otro lado, a pesar de los ajustes en Bienes Personales, que tendrán tasas más altas y que incluso será del doble para los activos en el exterior, tendrá un aporte menor de ingresos. «Las alícuotas de Bienes Personales volverán a los niveles de 2015: pasarán de 0,25%, 0,5% y 0,75% actuales a 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25% más montos fijos por escala. Estimamos una recaudación adicional de 0,1% del PBI por estas modificaciones».

Sumando a la cuenta las alícuotas especiales para los bienes que están en el extranjero ese aporte sería de 0,3% del Producto Bruto, es decir menos de 60.000 millones de pesos.

Considerando los derechos de exportación para productos agropecuarios, la recaudación podría alcanzar los 2100 millones de dólares. A tipo de cambio mayorista actual representarían unos 125.000 millones de pesos.

El Gobierno de Alberto Fernández se sentará a conversar con sus acreedores -entre los tenedores privados de bonos y el Fondo Monetario- para establecer una nueva estructura y cronograma de pago de la deuda.

Para eso, coinciden los analistas, el Poder Ejecutivo necesitaba poder mostrar una carta de que su programa económica era lo suficientemente consistente en lo fiscal. Es decir, que no implique un nivel de gasto que luego necesite financiar.

En ese sentido, Para Elypsis, «entre las metas no explícitas (de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva), permite mostrar una mejora fiscal rápida, de cara a la renegociación de la deuda con acreedores privados y FMI», consideró en un informe reciente.

«Las medidas van en dirección a generar las condiciones para un acuerdo próximo con el FMI que sea la antesala a una reestructuración con acreedores privados. En particular, la desindexación de las jubilaciones, que junto con el resto de las medidas anunciadas dan cuenta de cierto compromiso fiscal de la nueva administración», apuntó por su parte Giorgio.

La ley además dará dos licencias al Poder Ejecutivo. La primera es para pagar deuda a través de las reservas del Banco Central a través de una Letra Intransferible. «El plazo de las Letras será de 10 años, con pago semestral de intereses y tasa máxima de Libor anual menos un punto porcentual. El monto máximo autorizado para la financiación del Tesoro será de 4571 millones de dólares, que deberán ser destinados al pago de deuda en moneda extranjera», resumió Elypsis.

En segundo lugar, Anses tendrá un margen mayor para comprar títulos públicos. «Las decisiones adoptadas en torno a fuentes de financiamiento aportarían 2,4% del PBI, entre 1,4% de títulos públicos que podrían colocarse en el FGS de Anses (aproximadamente $300.000 millones adicionales) y 1% de Letras al BCRA», concluyó la consultora.