La oposición ampliada, que incluye a Frigerio y otros mandatarios provinciales, impulsa proyectos que complican el superávit fiscal. La falta de fondos y el cierre electoral unieron reclamos y amenazan los vetos presidenciales.
 

El conflicto político en el Congreso ya no es solo con el kirchnerismo. En la última semana, gobernadores y legisladores aliados del oficialismo, incluidos Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y gran parte de la Liga de gobernadores, se sumaron a la oposición ampliada que desafía al Gobierno con proyectos que afectan el equilibrio fiscal.

La tensión crece por el impacto de la caída en los ingresos coparticipables y la falta de señales políticas. Gobernadores que sostuvieron la gobernabilidad en el Congreso durante un año y medio ahora exigen respuestas. La Casa Rosada, por su parte, mantiene su postura: no cederá el superávit ni abrirá las listas de La Libertad Avanza, salvo excepciones puntuales como Buenos Aires.

En respuesta, los 24 mandatarios provinciales avalaron en el Senado dos proyectos clave: uno que coparticipa fondos de fideicomisos y parte del impuesto a los combustibles, y otro que reparte el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en forma diaria y automática. Solo este último recaudó $365.000 millones en cinco meses, pero hasta ahora se distribuyó apenas un 20%.

Mientras tanto, en Diputados avanzan dictámenes para garantizar el financiamiento universitario y declarar la emergencia en salud pediátrica. El presidente Javier Milei anticipó que vetará todas estas iniciativas si se convierten en ley.

El kirchnerismo, atento a la crisis política, busca acelerar las votaciones antes del receso legislativo. José Mayans, jefe del bloque, pedirá sesión especial para el jueves e incluirá los proyectos impulsados por los gobernadores, sumando presión al oficialismo.

La situación amenaza con quebrar el blindaje legislativo de Milei. Diputados que antes respaldaban sus vetos ahora migran hacia posturas opositoras. Incluso en el PRO se evidencian fisuras: legisladores cercanos a Macri se ausentan para no rechazar proyectos que gozan de fuerte consenso social, como el financiamiento universitario.

Desde el Gobierno apuestan a dilatar los debates hasta el inicio de la campaña electoral en septiembre y confían en el apoyo de algunos gobernadores dialoguistas como Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut) para contener la embestida. Sin embargo, la creciente unidad opositora podría derivar en la sanción de leyes que superen eventuales vetos presidenciales.

En los pasillos legislativos se repite un diagnóstico unánime: “Les votamos todas las leyes, pagamos el costo político del ajuste y nos siguen recortando. Ya no hay margen para más ninguneo”. La presión sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel para habilitar sesiones es cada vez mayor y el escenario, advierten, se volvió impredecible.