El defensor general de Entre Ríos cuestionó que adolescentes desde los 14 años puedan recibir penas de hasta 15 años. También advirtió sobre posibles incompatibilidades con tratados internacionales y las autonomías provinciales.
El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, cuestionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad y estableció condenas de hasta 15 años de privación de la libertad.
Benítez sostuvo que la reforma no contribuirá a disminuir los delitos ni mejorará la seguridad ciudadana. Además, señaló que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.
“Si el objetivo es lograr mayor seguridad ciudadana, eso no se va a conseguir con la baja de la edad de punibilidad”, afirmó.
Comparación con otros países
Para fundamentar su posición, mencionó que Argentina registra una tasa aproximada de 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes, pese a que hasta ahora la responsabilidad penal comenzaba a los 16 años.
Según explicó, Uruguay, Brasil, México y Paraguay poseen edades de punibilidad de entre 12 y 14 años, pero presentan tasas de homicidios superiores.
“Eso demuestra que bajar la edad no disminuye el delito ni brinda mayor seguridad”, remarcó.
Cuestionamientos a las penas
El nuevo sistema establece un máximo de 15 años de prisión para adolescentes. Benítez reconoció que fijar un límite puede considerarse un avance, pero calificó la extensión de la pena como excesiva.
Como comparación, señaló que en Brasil la pena máxima para adolescentes es de tres años y las medidas aplicadas se revisan cada seis meses.
“Acá no solamente se establecen 15 años, sino que tampoco está prevista la revisión de la condena como indican los tratados internacionales”, cuestionó.
Por ese motivo, consideró que la reforma es regresiva y representa un retroceso en los derechos reconocidos a niños y adolescentes.
Dudas sobre su aplicación en Entre Ríos
Benítez también advirtió que la normativa nacional podría interferir en atribuciones propias de las provincias. Entre Ríos ya posee una legislación específica para los procesos que involucran a personas menores de edad.
“Esta ley avanza sobre derechos que las provincias no delegaron a la Nación”, manifestó.
El defensor general explicó que jueces, fiscales y defensores deberán establecer qué disposiciones nacionales corresponden aplicar y cómo se articulan con la normativa entrerriana.
También consideró necesario interpretar el nuevo régimen de acuerdo con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, priorizando las normas que otorguen mayor protección a los adolescentes.
Finalmente, Benítez reiteró que endurecer las penas y reducir la edad de punibilidad no resolverá el problema de la inseguridad: “No mejora la seguridad ciudadana ni reduce los delitos”.
