AGMER3Titulado como Educando en Movimiento, la nueva estafa pedagógica, el gremio docente desde la seccional Victoria manifiestan su preocupación y malestar sobre el desarrollo del programa que promueve en le provincia el Instituto Becario provincial.
Textualmente el comunicado enviado a los medios de prensa de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dice:
Gran preocupación y malestar nos produce el haber tomado conocimiento de cómo se está llevando adelante el Programa del Instituto Becario Provincial, denominado “Educando en Movimiento”, en nuestra ciudad, como en varios departamentos de la provincia.
Dicho programa es promovido, desde el Instituto, como un “acompañamiento a los estudiantes”.
Pero la situación concreta es que se está utilizando, para llevar adelante el “Educando en Movimiento”, a los alumnos de los profesorados, que reciben a cambio del mismo, una exigua compensación por su trabajo.
Y aquí está el eje del cuestionamiento:
¿Cómo es posible que el mismo Estado esté tercerizando la Educación de esta manera?
¿Por qué se usa, y abusa, de los alumnos de los profesorados, que reciben una beca para sus estudios, y se los insta a cumplir roles para los cuales el mismo Estado tiene como cubrirlos?
¿Acaso la finalidad de una beca no es acompañar a los alumnos en su trayectoria escolar, sin ningún tipo de retribución a cambio, sino sólo el estudiar?
Además, son los mismos alumnos los que deben hacerse de los “recursos” para que el programa se ponga “en movimiento”. ¿Y qué función cumplen entonces quienes coordinan el Programa?
¿Acaso la Beca no tiene como finalidad apoyar al alumno para que pueda concluir sus estudios y no para que brinde su fuerza laboral a cambio de la misma?
¿Es legal que se utilice la Beca como una forma de pago a cambio de un determinado servicio? ¿No se supone que la mayor retribución que los alumnos pueden hacerle al estado es obtener el título de docente?
¿Qué cobertura, en lo que refiere a seguridad contra accidentes de trabajo, tienen estos alumnos del profesorado?
¿Cómo argumentan las autoridades que la “retribución” que reciben estos alumnos es justa? ¿No se convierte esto en una explotación laboral?
¿No termina siendo una mezcla de roles y funciones de educación y asistencialismo?
¿Cuánto perciben, por coordinar el programa, como reconocimiento monetario, quienes lo tienen a cargo en cada departamento? Y esta pregunta está vinculada con la siguiente: ¿Por qué no se hacen cargo de dicho programa quienes lo coordinan, ya que por lo general son personas/docentes jubiladas?
Entones, ¿bajo qué marcos ideológicos se sostiene esta “ayuda económica”? ¿Este es el concepto de “inclusión”? ¿Esta es la educación “justa” que tanto se invoca?
Rechazamos este tipo de prácticas ya que las mismas solo contribuyen a confundir el verdadero espíritu de lo que es ser docente, y busca, de una manera u otra, que el rol de asistencia social, lo terminen cubriendo estos alumnos, y no verdaderamente quienes tienen que hacerlo: el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia o el Área de Desarrollo Social del Municipio.
Como Sindicato defendemos la Educación Pública, pero este tipo de acciones va en detrimento de la misma formación de los alumnos de los profesorados, porque es una tergiversación, lisa y llana, de los Derechos de los Estudiantes, jugando con la necesidad económica de nuestros futuros docentes.