Moya se presentó en Villaguay con fuerte custodia policial.

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El juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, decidió abrir un cuarto intermedio, hasta el jueves, a las 11, para resolver respecto de la causa por abusos que se sigue al cura Marcelino Ricardo Moya, que se abrió tras la denuncia periodística de la revista ANÁLISIS, en su edición del 25 de junio de 2015.

Hay dos planteos: la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel solicitaron la remisión a juicio, pero en cambio los defensores del sacerdote, Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, la prescripción. En la audiencia de hoy, que tuvo lugar a las 9,30 en los Tribunales de Villaguay, las partes expusieron, en forma oral, los argumentos, pero el magistrado no tomó ninguna determinación, sino que resolvió abrir un cuarto intermedio hasta el jueves.

La nota discordante en el trámite lo dio la Policía, con el fuerte cordón policial que dispuso alrededor del cura.

Al público –la mayoría familiares de las víctimas del cura Moya—no se les permitió ingresar a Tribunales, por lo que debieron mantenerse en la calle. Hubo gritos, reclamos, y eso motivó a una actitud agresiva de parte de la policía.

Uno de los que recibió un empujón de parte de un agente de seguridad fue el periodista Gregorio Sessa, de FM Latina. “La gente empezó a gritar cuando vieron pasar al cura de una sala a otra en Tribunales. Lo vieron desde la calle. Nadie lo agredió físicamente, porque no podían entrar. Sólo le gritaban desde la calle. La madre de Pablo Huck (no de los denunciantes de Moya), le gritaba desde la vereda. Entonces, un policía se le acercó y le dijo que no le gritara más. Hubo alrededor de 12 policías para custodiar al cura. Era la misma cantidad de gente que había ido a manifestarse. Sólo a manifestarse y a gritar. Pero no hubo agresión física hacia el cura. Cuando salió Moya de Tribunales, la Policía le formó un escudo, lo rodearon, y lo llevaron a la camioneta en la que había llegado, que estaba estacionada en un lugar no permitido”, relató el trabajador de prensa, publicó Entre Ríos Ahora.

Mercedes Huck, mamá de uno de los denunciantes, consideró “muy bochornoso lo que ocurrió hoy. Se le hizo un cordón de policías a Moya. No entendimos eso. Nosotros no fuimos para hacerle un daño físico. Sólo fuimos a manifestarnos. Se pusieron muy firmes en no dejarnos entrar a Tribunales”.

“Todo fue una fantochada, y nos produce impotencia, dolor. Yo gritaba desde la calle a la Policía que deje de proteger a un delincuente, que no le tengan miedo a los familiares, que lo único que llevamos es un inmenso dolor. Quedamos muy mal con lo de hoy: nos molestó muchísimo la actitud de la Policía”, dijo la mujer.

El abogado querellante Florencio Montiel consideró que no hay argumentos válidos para dictar la prescripción de la causa Moya, y para eso se amparó en tratados internacionales que tienen rango constitucional, y además en la sentencia dictada al cura Justo José Ilarraz por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que rechazó esa vía.

“Nosotros confiamos en que el juez no va a hacer lugar a la prescripción”, subrayó.