Silvina Murúa, familiares de ella y los empresarios Partarrié están acusados de direccionar compras para 37 comedores por más de $100 millones. Les acusan los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita,

La ex coordinadora Departamental de Comedores Escolares de Concordia, Silvina Murúa, junto a familiares y empresarios locales, fueron citados por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a 37 comedores escolares del departamento.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning y tiene relación con una serie de allanamientos realizados durante el último año que fueron ordenados por el juez de Garantías, Ives Bastian, y ejecutados en viviendas particulares y comercios vinculados a los involucrados, entre ellos la empresa “Ahora Voy SRL”.

En los últimos días la fiscalía avanzó con la toma de declaración de imputados a Silvina Murúa, su hermano, Adrián Murúa, Guillermo Julián Quiroga y a los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié. Además, resta aún la imputación formal de su hermana Vanesa Murúa y su cuñado, Esteban Godoy.

Según la imputación fiscal, a partir de enero de 2024, cuando era coordinadora departamental dependiente de la Secretaría de Gestión Social, junto a sus hermanos Adrián y Vanessa Murúa, y su cuñado Esteban Godoy, direccionaron arbitrariamente a más de 30 responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión”.

La acusación sostiene que los principales beneficiados habrían sido Iñaki y Martín Partarrié, responsables de la firma “Ahora Voy SRL”, con el objetivo de favorecerlos económicamente, informó Concordia Policiales.

Asimismo, la fiscalía atribuye a Guillermo Julián Quiroga un rol clave dentro de la maniobra, indicando que “sin contar con un rol funcional formal, teniendo la llave de la oficina de la Coordinación de Comedores de Concordia, ejercía un rol de manejo y disposición de dinero”, además de retirar mercadería cuyo destino sería desconocido.

Siempre de acuerdo a la hipótesis investigativa, mediante estas maniobras “se apoderaron ilegítimamente de dinero destinado a la compra de alimentos para 37 comedores de Concordia”, provocando un perjuicio económico que ascendería a $103.738.136.

Las conductas atribuidas fueron encuadradas provisoriamente en los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita, en concurso real.