Alberto Fernández convocará esta tarde a la comisión encargada de definir un nuevo régimen de movilidad previsional y además firmará un DNU para congelar las jubilaciones de privilegio a jueces y embajadores. El Poder Ejecutivo Nacional también establecería una contribución del 21%, además de un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los magistrados del Poder Judicial y embajadores que cobren un haber jubilatorio superior a $100.000. Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2.700 millones de pesos extra, publica el diario Ámbito Financiero.

La nueva movilidad jubilatoria, que definirá por decreto el Ejecutivo durante 180 días, así como el nuevo esquema de contribuciones para regímenes especiales para jueces y embajadores se comenzaría a aplicar a partir de hoy una vez que Alberto Fernández firme el decreto de necesidad y urgencia que terminan de redactar en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra.

El aporte «solidario» que el Ejecutivo fijará por decreto sobre las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores tendría una imposición del 21% de esos haberes especiales, y un aporte «extraordinario» adicional del 7% más cuando superen los $100 mil.

A través del decreto 56, el Presidente prorrogó este fin de semana la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero e incluyó allí el proyecto de ley para modificar la Ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de otra para introducir cambios a la Ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación.

“Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad”, sostuvo el jefe de Estado al defender los cambios previsionales previstos en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Senado convirtió en ley el viernes pasado.

El primer paso para hacer operativos esos cambios en las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores será la convocatoria a la comisión prevista en el artículo 56 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ese apartado dispone que «El Poder Ejecutivo Nacional convocará a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia para que en el plazo de 180 días, revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales.»

Ante a las críticas de la oposición por suspender la movilidad jubilatoria por al menos seis meses, Fernández había adelantado que durante los próximos 180 días se fijará «el modo de actualización». «Estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores», adelantó.

«Ya hemos ido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos totales que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero», aseguró luego de que la Cámara de Diputados de la Nación modificara el proyecto de suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, pero excluyera a los exfuncionarios de alto rango del Estado nacional