Durante el encuentro, del que participó la presidenta del STJ, Claudia Mizawak; la vicepresidenta Susana Medida de Rizzo; el procurador General Amilcar Garcia; el defensor General Maximiliano Benitez; y los vocales Juan Smaldone y Bernado Salduna, además de miembros del gabinete provincial, se acordó organizar un programa de trabajo con actividades en distintos lugares para dar a conocer el anteproyecto a la comunidad. 

La jueza María Laura Garrigós de Rébori explicó que “la reforma sustancial y más interesante es la penalización de las conductas criminales de las personas jurídicas. Si nosotros pensamos que los grandes delitos que realmente causan daño a la sociedad como la trata de personas o la criminalidad económica, el trabajo en negro, son delitos cometidos por personas jurídicas que hoy sólo se pueden perseguir administrativamente aplicando multas administrativas, si pensamos que esto va a tener sanciones penales que van a afectar la personalidad de las personas jurídicas, con la posibilidad de decomisar el beneficio obtenido a través de la conducta delictuosa, esto es una avance notable”.

Por otro lado, aseguró que “respecto a que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, en este código no se prevé la aplicación de una condena en suspenso, como sí tenemos hoy en día. Cualquier condena pena de prisión será de efectivo cumplimiento. También es cierto que se prevé la posibilidad de que cuando la lesión sea menor (no es lo mismo hurten la rueda del auto que el robo banco) se pueda a través de alguna medida alternativa solucionar el conflicto para las dos partes».

Aclaró que la cantidad de delitos tiene que ver “con la distribución del PBI per cápita y con la mayor o menor equidad o mayor o menor discriminación en el grupo social. O sea cuanto más abierta es la brecha entre los ricos y los pobres y cuanto menor es la distribución del PBI tenemos más delitos. Los grandes aumentos de criminalidad se produjeron por ejemplo en el año 85 con la hiperinflación. Y en 2001/2002 tuvimos otro aumento de la criminalidad», reflexionó la magistrada.

La jueza explicó que el proyecto “está cargado en la página del Ministerio de Justicia, se lo puede bajar, se puede leer y los redactores del proyecto se han tomado el trabajo de escribir una exposición significativa, artículo por artículo en un lenguaje llano, accesible que invita a que todos lo leamos y nos involucremos”. Destacó que “es importante que todos conozcamos cuál es la ley extrema. El código penal rige las conductas que están en el borde de lo tolerable”. Por lo tanto, alegó, “una comunidad tiene que interesarse en esto, para poder decir que mantiene su cohesión social.” Definió que el Código Penal “pone la escala de lo que es la moral de una comunidad”.

Salió al cruce de versiones que critican el proyecto, preguntando “¿cómo podría hacerse un proyecto en contra de la gente? Dado que esto va a ser tratado por los diputados y senadores que son los que la gente destina para esto”. Agregó que además, “se está abriendo para que la comunidad opine y que esto se informe a los diputados y senadores. Además, no hay nada oculto está todo a la vista”.

Precisó que “hay 160 delitos dónde se aumenta el monto de la pena. Por lo tanto se aumenta más penas que las que se disminuye. Se baja en 146 delitos y se aumenta en 160”. Definió que “se ha aplicado razonabilidad. Porque el monto de las penas indica cuál es el hecho más intolerable y cuál el hecho más leve que hasta podríamos llegar a perdonar”. La jueza apuntó que “los delitos que tiene penas más graves son los de lesa humanidad, los delitos de gran conmoción, que la tolerancia es imposible de sostener y está bien que los tenga. Esos delitos tienen una pena altísima, pero la pena máxima es de treinta años”.

Sobre este último aspecto, justificó que “superando los treinta años, digamos, una pena de doscientos años, ¿qué importaría que te amenazaran con una pena de doscientos años, si ya sabemos que es incumplible. Pero además, nosotros tenemos firmada la Convención Americana de los Derechos Humanos que nos obliga a que las penas nuestras tengan como pretensión insertar a la persona penada en su medio social una vez cumplida la pena».

«¿Una pena que supera los treinta años, qué perspectivas de reinserción ofrece a cualquiera? Ninguna, porque no le va a quedar vida después de eso. El individuo condenado a la pena que sea tiene que tener la posibilidad o el incentivo de salir para volver a una vida normal, para lo cual el estado tiene que brindarle herramientas”, finalizó.

Del encuentro participaron el ministro de Gobierno, Adan Bahl; el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, y la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar.