¿Qué es lo público de la educación pública?

Los argentinos y las argentinas, como pueblo, tenemos una noción clara de qué es la educación pública, gratuita y laica, y, en general, una fuerte valoración de esa escuela a la que muchísimos/as fuimos en la infancia. El recuerdo del guardapolvo blanco del primer día de clase, de la «señorita de segundo grado», de los recreos y las galletitas, de la tabla del siete, y muchos etcs. más que, no creo equivocarme, componen la imagen de un tiempo idealizado como feliz pero también de un lugar donde íbamos a encontrarnos con otros y otras, éramos muchos y muchas y había lugar para todos.

Algunos y algunas seguimos ese recorrido y fuimos a una escuela secundaria pública, también sin restricciones ni aranceles ni religiones; aunque ya menos inclusiva, en la que, por ejemplo, parecía «normal» que hubiese cinco primeros y tres quintos años y que amigas y amigos quedasen en el camino… Más tarde, algunos, muchos menos aún, seguimos estudiando en terciarios públicos (para ser docentes, por ejemplo, y volver a esas mismas aulas de la infancia) y una pequeña minoría llegamos a la universidad pública. Educación superior, de ingreso irrestricto y no arancelada, aunque para una minoría.

Ahora bien, la ausencia de aranceles y de barreras formales, la laicidad y sobre todo, esa difusa sensación de que no hay un dueño o dueña y, por lo tanto, tampoco hay interesas creados de sujetos o grupos… esas dimensiones componen sin duda el concepto de «lo público» en la educación pública. Pero hay más.

Pensada desde una perspectiva teórica, garantizar la educación es una de las obligaciones del estado nacional. Una obligación que los países modernos consagraron en sus cartas magnas (la Constitución, por ejemplo) y especificaron en leyes y normas varias así como en las políticas educativas que llevaron adelante.

En Argentina por ejemplo, en los orígenes del sistema educativo, solo fue obligatoria la educación primaria; hoy, es obligatorio el nivel inicial y también el nivel secundario. La obligatoriedad tiene dos caras: las familias «deben» responsabilizarse por «mandar a la escuela» a niños, niñas y adolescentes y el estado «debe» ofrecer condiciones materiales, académicas y pedagógicas para que todos/as esos/as niños, niñas y adolescentes, también jóvenes y adultos/as, puedan completar esos niveles. Y esta obligación del estado se completa con una cualificación: no solo se trata de garantizar acceso, permanencia y egreso, también de trata de garantizar «equivalencia», es decir, que la experiencia educativa que se ofrezca y se construya, en todos los niveles y para todos los sectores, sea igualmente significativa para las vidas individuales y para la sociedad.

Asumiendo el riesgo de esquematizar demasiado, diría que la historia de la educación en la Argentina se podría comprender como una oscilación entre estos dos polos: la cuestión recae en la obligación principal de las familias (y de alguna manera en los individuos) o recae en el estado y las instituciones. Las visiones oscilan entonces. Es decir, o bien se trata de una mirada liberal que hace que las escuelas (incluyendo, de una manera amplia, a las universidades) entren al «mercado» de la lucha por la matrícula y se integren a una dinámica competitiva de todas contra todas, o bien de concebir a la escuela pública como herramienta de justicia social orientada por un concepto de la educación como derecho humano.

En Argentina hemos acordado que la educación es un derecho, desde el nivel inicial, hasta la universidad. Y en los últimos doce años se sostuvo que para garantizarlo, está el Estado.

Desde una mirada política, creo que lo público de la educación pública se vincula entonces no solamente, como decíamos, con la ausencia de aranceles, de dueños y dueñas o de idearios parciales. Se vincula también, y sobre todo, con una definición de un «sujeto pueblo» en que el encuentro de diferentes es concebido como fundamento de una relación de reciprocidad y reconocimiento antes que como competencia o subordinación jerárquica. Y si no lo es, es problema es de la política educativa.

A cinco meses del nuevo gobierno no podemos sino sentir alarma y convocarnos a defender a la educación pública. Al parecer, con el retorno a la concepción de «Estado evaluador», con el cierre de programas y proyectos nacionales, con el fuerte silencio en torno al presupuesto universitario, el péndulo va en dirección al neoliberalismo nuevamente.

(*) Doctora en Educación. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.