Según un informe de la UCA que mide distintas dimensiones de pobreza, en 2019 más de 3 millones de familias tuvieron que reducir su dieta o pasaron hambre.
La pobreza estructural avanzó en los últimos años por la crisis económica. (Foto: AFP)La pobreza estructural avanzó en los últimos años por la crisis económica. (Foto: AFP)

Un tercio de la población del país sufrió problemas de alimentación y acceso a la salud en el último año, mientras que el 27% habita en viviendas precarias o en condiciones de hacinamiento. Estas fueron algunas de las conclusiones a las que arribó un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) que mide el nivel de pobreza estructural.

El Observatorio de la Deuda Social de esa casa de estudios elabora anualmente un relevamiento de las condiciones de vida de la población en seis aspectos distintos, para determinar cuál es el nivel de pobreza multidimensional, que se diferencia así del punto de vista estrictamente monetario como suele medir el Indec. Esos aspectos son la Alimentación y Salud, Servicios Básicos, Vivienda Digna, Medio Ambiente, Accesos Educativos, y Empleo y Seguridad Social.

Con esos criterios, la UCA concluyó que en la Argentina hacia el tercer trimestre de 2019, casi el 70% de los habitantes –31 millones– sufrieron al menos una carencia entre esos déficits relevados. El 46,3% de la población tuvo al menos dos faltantes y un 28,5% sufrieron tres carencia

«La pobreza estructural asume una tendencia decreciente tras 2010, permaneciendo en niveles cercanos al 16% hasta 2015. A partir de 2016 comienza una etapa en la que experimentó un incremento sostenido (con la excepción del año 2017) llegando al nivel más alto de la serie en 2019, alcanzando a un 21% de la población», determinó esa institución.

«El análisis de la evolución de las distintas dimensiones de derechos revela una tendencia dispar en la que por una parte se observan mejoras de los aspectos más asociados a la inversión y a distintas instancias de la acción pública, se registra en este sentido entre 2010 y 2019 una mejora sustancial en el acceso a servicios básicos de la vivienda y una evolución favorable en relación con el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente saludable», explicó la UCA en sus conclusiones.

«Sin embargo, por otra parte, se manifiesta un deterioro, claramente marcado a partir de 2016 en las dimensiones alimentación y salud y en el acceso al empleo y la seguridad social, aspectos ligados de manera más directa a los ciclos económicos», completó.

Inseguridad alimentaria y hacinamiento

El informe de la UCA mostró que uno de los indicadores que más empeoró fue el de inseguridad alimentaria y acceso a la salud, que explican por un lado la reducción por cuestiones económicas de la frecuencia en la comida -o la experimentación de sensación de hambre- y, por otro, la cobertura de salud y la posibilidad de comprar medicamentos.

Para el Observatorio de la Deuda Social, el 32,2% de la población, poco más de 14 millones de personas, registró carencias en este aspecto. Medido en porcentaje de hogares, el 7,4% -850.000 familias- experimentó «inseguridad alimentaria severa». Casi el 19% de los hogares no pudo acceder a medicamentos, mientras que el 21,1% no pudo hacerse atender en centros médicos.

El 32,2% que registró la UCA hacia el tercer trimestre de 2019 representa la cifra más alta en los diez años que abarca esa medición multidimensional. En comparación con la cifra de 2015 -23,2%- tras fin del gobierno de Cristina Kirchner y el comienzo del de Mauricio Macri, el índice escaló 9 puntos porcentuales como consecuencia del aumento de la pobreza monetaria y la caída del poder de compra del salario.

Los episodios de «inseguridad alimentaria severa» se multiplicaron en los últimos cuatro años desde el 4,8% de los hogares en 2015 a 7,4% en 2019. Por otra parte, el porcentaje de familias sin acceso a atención médica o medicamentos aumentó 56% y 30%, respectivamente.

Según afirmó Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social, la implementación de la Tarjeta Alimentaria que lleva a cabo el Gobierno de Alberto Fernández en los últimos meses «debería reducir el riesgo alimentario», aunque no los problemas de malnutrición, los cuales consideró que están más ligados a cuestiones sanitarias.

Otro de las dimensiones que mide la Universidad Católica es la de vivienda digna. El 27,5% de la población relevada en el estudio tiene alguna carencia en este sentido, ya sea por hacinamiento, por vivir en un hogar con condiciones materiales deficientes, o con déficit en el servicio sanitario. En los últimos diez años, no obstante, hubo una tendencia de mejora en este aspecto: en 2010 era de 34,9% y tuvo un retroceso casi sin interrupciones.

En ese sentido, el 33,5% de la población tiene problemas para acceder a conexiones de servicios públicos como cloacas, agua corriente y energía eléctrica. En los últimos años hubo una mejora en ese aspecto. En 2016 el indicador afectaba al 40,2% de los habitantes.

Contaminación del ambiente, educación y trabajo

El 28% de los hogares registró algún tipo de problema en términos de contaminación en el ambiente, que toma en consideración la presencia de basurales en las cercanías de la vivienda, fábricas contaminantes en los alrededores o lagos, arroyo o ríos contaminados.

Este indicador mejoró en los últimos años desde 31,6% de las familias en 2017 hasta 28%, según la última cifra. Entre las tres problemáticas incluidas, la más común es la de basurales en las inmediaciones al hogar.

Respecto a la asistencia a instituciones educativas y ausencia de rezago educativo, que mide si los chicos de entre 4 y 17 años van a la escuela, y si la población entre 19 y 36 terminó los estudios medios en tiempo y forma, el índice presenta un agravamiento de la situación. El 12,5% de la población presenta algún déficit en este aspecto.

La inasistencia de niños de entre 4 y 17 años a la escuela cayó considerablemente (de 8% del total a 4,1% en diez años), pero el rezago de los habitantes de entre 19 y 36 años (a la educación media) y de 37 en adelante (a la educación primaria), aumentó de 23,6% en 2010 a 27,3% en 2019 y de 9,3% a 9,7%, respectivamente.

Por último, la dimensión de acceso al empleo y a la seguridad social, determina si los integrantes de un hogar tienen algún tipo de afiliación al sistema de seguridad social, mostró un empeoramiento, de la mano de la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo registrados de los últimos años. Así, en 2019 esa cifra se ubicó en el 33% mientras cuatro años antes era de 29,1%.

Por Mariano Boettner