La Oficina del Presidente informó este jueves que Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinado a proteger los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Según el comunicado oficial, la iniciativa constituye «un hito en el proceso de recuperación» de los archipiélagos y «un avance legal sin precedentes en la historia» del país.
El envío formaliza el anuncio que el propio Milei había realizado por cadena nacional el 3 de septiembre, cuando planteó un giro en la estrategia oficial sobre la cuestión Malvinas y adelantó que impulsaría con carácter urgente esta nueva legislación.
Los tres pilares del proyecto
Según el comunicado, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres ejes: castigar a quienes exploten los recursos naturales argentinos de forma ilegítima, generar incentivos para que esas conductas cesen, y dotar al Estado nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.
El proyecto busca derogar la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, que hasta ahora regulaba las sanciones contra empresas vinculadas a la exploración y explotación hidrocarburífera no autorizada en la plataforma continental argentina. Según pudo reconstruirse a partir de coberturas periodísticas sobre el articulado completo, el nuevo régimen amplía sustancialmente ese alcance: mientras la norma vigente se limita a la actividad de hidrocarburos, la nueva ley abarcaría cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, renovables y no renovables, con penas que —según trascendió— podrían llegar hasta los 20 años de prisión para determinadas conductas, además de agravar las sanciones penales contra las empresas, sus accionistas y proveedores.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El comunicado presidencial confirma además la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que estará regido por un Consejo de Seguridad Nacional con la función de articular y coordinar las herramientas diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia del Estado, junto con la protección de infraestructuras críticas y de la soberanía nacional en su conjunto.
Según diversas coberturas del contenido completo del proyecto, la iniciativa incorpora además modificaciones a la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, redefiniendo el concepto de Defensa Nacional; habilita a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructuras consideradas críticas; incluye un régimen de derribo y de regulación del uso de la fuerza sobre embarcaciones; establece restricciones a la influencia de Estados y organizaciones extranjeras, entre ellas la prohibición de que extranjeros sin residencia permanente financien campañas electorales; y crea nuevos delitos vinculados a operaciones de inteligencia extranjera y campañas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales en el país.
El pedido a la dirigencia política
En el cierre del comunicado, Milei convocó a «toda la dirigencia política» a poner una pausa en otras discusiones para darle «máxima prioridad y celeridad» al tratamiento del proyecto en el Congreso. «No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas», sostuvo el mandatario en el texto oficial.
Según trascendió previamente, la intención del Gobierno es que el debate parlamentario del proyecto comience en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.
