Se cumple primer año de Gobierno en la senda de recuperar al país en tiempos de pandemia
La agenda de Alberto Fernández de recuperación económica con inclusión y desarrollo social se vio trastrocada por la pandemia que impuso nuevas urgencias y obligaciones.
El presidente Alberto Fernández cumplirá el jueves un año al frente del Ejecutivo Nacional, una gestión que se inició con las metas de sacar al país de la recesión, reducir la inflación y dar respuesta a la problemática social, potenciando el rol regulador del Estado pero que a menos de tres meses de asumido debió sumar rápidamente otras prioridades para hacer frente a la peor pandemia de la historia mundial reciente.
«Es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos: este es el espíritu que hoy inauguramos. Los convoco sin distinciones a poner a la Argentina de pie, que comienza a caminar, con desarrollo y justicia social», dijo Fernández, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa y ante un país agobiado por la crisis económica y social heredada del Gobierno de Mauricio Macri.
En su mensaje inaugural, Fernández marcó a trazo grueso los ejes de su gestión: crecimiento económico con inclusión social, resolver el peso de la deuda externa contraída por la gestión de Cambiemos, sin postergar el desarrollo y la sustentabilidad social del país, pero también delineó cambios institucionales, como la reforma integral del sistema de Justicia, entre otras.
«Vamos a restituir el Ministerio de Salud, basado en la calidad y el acceso», degradado a Secretaría durante la gestión macrista, sostuvo también el Presidente en ese primer discurso, una medida efectivizada a poco andar y más que oportuna frente a la pandemia mundial de coronavirus que llegaría al país sólo 90 días después.
Con el foco puesto en millones de argentinos que no tenían garantizado el acceso regular a los alimentos, en el primer mes de gestión, el Gobierno ya había puesto en marcha el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que engloba medidas que van más allá de la alimentación y contribuyen también a combatir la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo en los segmentos más vulnerables.
A eso se sumaron los congelamientos en tarifas de transporte, luz y gas; los bonos a jubilados y a titulares de AUH, el aumento a privados por decreto; los cambios en el IVA de los alimentos y la implementación de la tarjeta alimentaria.
También impuso la doble indemnización para despidos sin causa, medicamentos gratis para jubilados y el relanzamiento del programa Precios Cuidados, entre otras medidas.
Además se fijó el retorno a un Estado presente con el restablecimiento de las carteras de Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura y con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La cuestión Malvinas y los derechos humanos, dos temas que habían sido centrales para las administraciones kirchneristas, luego corridas por la gestión Cambiemos, volvieron a ubicarse en el centro de la agenda gubernamental.
En otro orden, la cuestionada central de inteligencia AFI fue intervenida y eliminados sus gastos reservados, sospechados de ir a parar a espías de políticos y periodistas.
En materia de política exterior, Fernández trazó el retorno del país al proyecto de integración latinoamericana, una dificultosa tarea, tras la acción de gobiernos de derecha que provocaron la virtual desaparición de organismos regionales como la Celac y la Unasur y la poca vitalidad del Mercosur.
La inminente llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca parece marcar el fin de la gélida relación bilateral que el Gobierno del Frente de Todos tuvo con la administración del republicano Donald Trump, visible en la fuerte diferencia en torno a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Fernández mantuvo días atrás una «charla muy linda, muy cordial» -según definió el propio mandatario- con el presidente electo de Estados Unidos, que generó «expectativa» y «optimismo» en el argentino, respecto a la futura relación.
En marzo, la llegada de la pandemia, que sumergió al mundo en la recesión económica y al consecuente crecimiento del desempleo y la pobreza, obligó al Gobierno a reorientar rápidamente su hoja de ruta inicial, para diseñar y poner en marcha un plan de contingencia para evitar la propagación del Covid-19 y contener sus consecuencias económicas y sociales en el país, medidas que alcanzaron en julio la aprobación del 80% de los argentinos y que obtuvieron la valoración internacional.
Por instrucción presidencial, el ministro de Salud, Ginés González García, armó un comité de científicos epidemiológicos e infectólogos que diseñó un plan integral para estudiar la propagación del virus y las formas de tratar de contenerlo.
El plan fue en dos direcciones: por un lado, hubo que reforzar la deteriorada estructura sanitaria del país, con la puesta en funcionamiento de más de una decena de hospitales públicos, habilitar más camas para internaciones y más personal e insumos: y la otra cara fue el necesario aislamiento social, preventivo y obligatorio, que frenó la actividad económica.
El plan inicial permitió ralentizar con éxito la velocidad de la propagación de contagios y número de fallecidos, hasta llegar, luego de un pico y un marcado descenso en esos indicadores, a disponerse, el 27 de noviembre, el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) en casi todo el país.
Ante la paralización de la actividad productiva, ya golpeada por la crisis heredada, el Gobierno elaboró desde el inicio de la pandemia un abanico de medidas que le inyectó a la economía aproximadamente un 6% del PBI, con medidas destinadas a los monotributistas, los jubilados, los comercios, Pymes y grandes empresas privadas.
Buscó sostener la economía a través de créditos a tasas subsidiadas para Pymes, el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), la reactivación de la obra pública, con, por ejemplo, el relanzamiento del Procrear y reforzó la atención a los sectores más vulnerables con una amplia red de contención social, con medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el refuerzo de asistencia estatal a comedores y merenderos y programas de promoción laboral, como el Potenciar Trabajo.
En ese escenario, el Gobierno encaraba uno de los capítulos más difíciles de la agenda económica que tenía apenas asumió: reestructurar una mochila de deuda con los acreedores privados por casi USD 65.000 millones.
Tras una dura y extensa negociación timoneada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, Argentina logró en agosto cerrar con éxito su oferta de reestructuración de deuda por cerca 63.500 millones de dólares, en la que obtuvo un nivel de adhesión del 99%, con lo que no quedaron holdouts como sucedió en 2005, y que contó con el apoyo del FMI.
«Me siento un jugador de ajedrez, jugando 20 partidas simultáneas. Salto de la deuda a los bonos, de los bonos a la pandemia, de la pandemia a la educación, de la educación a los jubilados», graficó Fernández en mayo, en una síntesis del complejo escenario que debió transitar en sus primeros meses de gestión.
El actual amesetamiento del coronavirus y la inminente llegada al país de la vacuna, le permitió al Ejecutivo volver a enfocarse en sus promesas de campaña, con el envío al Congreso de proyectos de ley, como el de legalización del aborto, la reforma judicial, pero también con el impulso de ciertas iniciativas que garanticen una mayor recaudación y distribución de fondos en el marco de la pandemia.
Así envió para la discusión parlamentaria, los proyectos de ley del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, con el objetivo de recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios y el que fija el monto para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y que corrige el incremento de fondos que el gobierno de Mauricio Macri le había otorgado por decreto a Horacio Rodríguez Larreta en el 2016.
Las iniciativas que ya forman parte del temario a tratar en las sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo a partir del 12 de diciembre, incluyen además la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el consenso fiscal y el proyecto de reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.
