El candidato por el Movimiento Construye y asambleísta nacional Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros a la salida de un mitin que había liderado en el coliseo del colegio Anderson, en la capital ecuatoriana.

La noticia de su muerte fue confirmada por otro candidato presidencial, Otto Sonnenholzner, y otros participantes del cónclave que había encabezado Villavicencio.

Herido de gravedad, lo llevaron a la clínica de La Mujer, donde murió.

El ataque se produjo alrededor de las 18 y fue a mansalva. Lo efectuó un grupo de sicarios, que abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes.

Un video registró el atentado y se difundió de inmediato por las redes sociales. Se ve que todos se tiraron cuerpo a tierra, pero el disparo mortal contra Villavicencio se lo efectuó directamente un hombre de baja estatura.

Villavicencio había denunciado un pacto entre el correismo y el Gobierno de Guillermo Lasso, «justo» en momentos en que la solicitud de juicio político al jefe de Estado «no cuajaba» en la Asamblea Nacional, además de una «cacareada» interpelación en contra de Juan Carlos Holguín. «El Ecuador es un territorio de impunidad», según sentenció entonces.

Poco después del hecho, Lasso prometió que el crimen no iba a quedar impune.

Medios locales habían informado más temprano que Villavicencio, un ex legislador que contaba con una intención de voto del 7,5%, había sido atacado a disparos en un acto de campaña en Quito.

«Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio… Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune», dijo Lasso en la plataforma X.

«El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley», agregó.

Lasso aseguró en ese momento que el Gabinete de Seguridad se reuniría de manera urgente y posteriormente decretó -ya este jueves- estado de excepción «por grave conmoción interna» en todo el país, por 60 días.

La medida fue dispuesta a través de un decreto ejecutivo que Lasso firmó este jueves tras una reunión del Consejo de Seguridad del Gobierno en la que se analizó este crimen que conmocionó al país a diez días de las elecciones generales anticipadas previstas para el próximo 20 de agosto.

«Esta declaratoria se da con motivo del incremento de la actividad criminal a nivel nacional (…), cuya escalada pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida», señaló el Presidente en el decreto difundido por la Presidencia.

Bajo el estado de excepción se dispone la movilización urgente de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del orden público conjuntamente con la Policía y su intervención ante incidentes que vulneren derechos de las personas.

Se limita en todo el país el derecho a la libertad de reunión, buscando impedir la propagación de acciones violentas, impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifique amenazas al orden público y la seguridad ciudadana, además de que se dispone las requisiciones a las que haya lugar.