A pocos días de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el planteo de la Universidad de Rosario contra el gobierno entrerriano por la quema de islas en 2008, desde Rosario se indica que “Cazadores furtivos se mueven con impunidad en las islas de Victoria”.

La noticia, tapa de la edición de La Capital de hoy, y resalta que “Pese a que legalmente rige una veda absoluta en la zona, matan indiscriminadamente todo tipo de especies. La delegación encargada del control no tiene embarcaciones para patrullar”.
El texto de la nota, que amerita algunas aclaraciones, es el siguiente:
Descontroladamente, cazadores furtivos practican tiro con la rica fauna de las islas frente a la costa de Rosario y los pueblos siguientes. Lo hacen sin culpa, testigos ni castigos, dejando a su paso aves que luego circulan, como una procesión mortuoria de alimento para palometas, por los cursos de agua hasta caer en la correntada del Paraná.
Los depredadores gozan de impunidad ante el escaso control desde Victoria, que si bien posee recursos humanos, no tiene siquiera una embarcación para patrullar el delta por falta de aportes por parte del gobierno entrerriano, según argumentan desde la Delegación de Islas municipal. Las autoridades de ésta última advirtieron que esa situación también sería aprovechada por las pesqueras de la costa santafesina, que según estimaron evadirían un 80 por ciento de lo que deberían aportar a la vecina provincia por explotar su recurso ictícola.
Lo paradójico es que en 2014 esta área municipal recaudó, en concepto de permisos para la caza menor, pesca deportiva y comercial, más de tres millones de pesos, es decir, diez veces más que hace una década. De ese dinero, a Victoria le corresponde un 65 por ciento, pero desde mediados del año pasado comenzaron los atrasos de la coparticipación. Pese a los constantes pedidos al Ministerio de la Producción, el gobierno entrerriano adeuda al municipio cerca de un millón 300 mil pesos.
“El intendente (Darío Garcilazo) y el senador (César Garcilazo) han reclamado y enviado notas y sólo logramos que nos pagaran dos meses de lo adeudado. Esto nos perjudica, tenemos 19 empleados y hoy es el municipio el que se encarga de pagarles los sueldos. El año pasado se nos rompió la embarcación, que ya cumplió su ciclo, y ni siquiera hemos podido comprarle un motor nuevo, que está cotizado en dólares”, renegó el titular de la Delegación de Islas, Pedro García.
El funcionario confesó a La Capital que los escasos controles que se realizan en un promedio de una o dos veces por mes, son posibles porque “la Prefectura o la policía nos presta sus lanchas. Nosotros nos encargamos de ponerle combustible y de la comida”.
De todas maneras, el año pasado la dependencia logró secuestrar una importante cantidad de armas sin permisos ni documentación, además de unos 12 mil kilogramos de pescado decomisado a los barqueros por falta de licencia de acopio.
Evasión
Se cree que lo recaudado por la Delegación de Islas podría haber sido mucho más, ya que estiman que las pesqueras que operan en puertos santafesinos evaden el 80 por ciento de esos compromisos.
“Los barcos se llevan los pescados y no declaran los kilos que se llevan. Algunas empresas tenían licencia, ésta caducó y no la renovaron, y son las que hoy están evadiendo, a sabiendas de que no tenemos controles”, explicaron desde la oficina que funciona en la zona portuaria, dentro del destacamento de Prefectura.

La nota ilustra con la foto que reproducimos en esta, y el epígrafe: “Tras una matanza, aguiluchos, garzas blancas, espátulas rosadas y cigüeñas aparecieron muertas el sábado frente a la costa sanlorencina”, con lo que cabe preguntarse cómo, si la aparición de estos restos animales llamó la atención de los fotógrafos, se puede hablar de la impunidad con que se mueven los cazadores como si estas imágenes fueran cotidianas.
Algunas aclaraciones pertinentes
Además de los controles que realiza esa dependencia municipal, en los últimos años la Policía de Entre Ríos, que tiene en las islas 3 comisarías y una brigada acuática recientemente creada en dependencia de la dirección de Delitos Rurales, que también realiza habitualmente controles, ha tomado activa participación en el control de la caza, algo que desde este medio se ha hecho notar en numerosas oportunidades resaltando permanentemente el secuestro de armas de fuego, en la casi totalidad de los casos en manos de “excursionistas” provenientes de la provincia de Santa Fe.
Sorprende, especialmente por esto, que se “denuncie” nuevamente, con títulos de tapa desde medios santafesinos una supuesta falta de controles.
El monto recaudado por la delegación municipal de Islas en materia de permisos de caza y pesca deportiva y pesca comercial corresponde en su casi totalidad a la pesca comercial, y bien resalta la nota que podría ser muy superior si las pesqueras que operan en puertos santafesinos, pero que pescan en aguas de las islas entrerrianas, fueran más precisamente controladas, pero pareciera que la provincia de Santa Fe no ejerce un control sobre el movimiento de sus propios puertos en este sentido, y mientras permite que los barcos matriculados en esa provincia descarguen sin mayores problemas en esa costa, se acusa a Entre Ríos de permitir la depredación en las islas.
No deja de llamar la atención que el título de tapa comente la impunidad de los cazadores en las islas pero obvie la de los pescadores comerciales santafesinos.
Desde la apertura de la unión vial con Rosario se multiplicaron desde la costa santafesina los embates mediáticos, legislativos y judiciales tendientes a que esa provincia vaya ganando injerencia en las islas. El proyecto de parque Alto Delta, las denuncias sobre las quemas (que se registraron “sin problemas” durante casi todo el siglo XX), y numerosas afirmaciones mediáticas sobre supuestas faltas de control, así como las afirmaciones sobre las “islas rosarinas” en referencia a los lotes que fueran donados a esa municipalidad dentro de las islas victorienses, y la voluntad de realizar allí un “parque” en el que el municipio de Rosario asuma funciones que le competen a la municipalidad de Victoria (construcciones, embarcaderos, etc.), en cuyo ejido se encuentran esos lotes, son todas formas de buscar control sobre una zona cuyo potencial se multiplicó tras la apertura del puente.