El 30 de junio de este año se firmó el acuerdo general Nº 19/15 entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) representado por Claudia Mizawak, los Vocales Emilio Castrillón y Juan Smaldone, el Defensor General Maximiliano Benitez y el Procurador Fiscal Jorge García,  asociaciones de empleados (AJER) y de magistrados y funcionarios, donde se renovó por un plazo de 120 días al personal temporario, suplente e interino con menos de cinco años de antigüedad. Pero ese acuerdo venció el 28 de octubre pasado y dejó sin trabajo a un número importante de empleados (cerca de 300 en la capital provincial), y tuvo su correlato en los Juzgados Civil y Comercial, y de Familia, de Victoria.

La medida también complicó de sobremanera el trabajo de quienes sí gozaban de la estabilidad y deben de igual manera atender las audiencias, presentaciones, pedidos de legajos en mesa de entrada, entre otras consultas de los letrados, ya que en el caso de Victoria y puntualmente en lo Civil y Comercial, de 9 empleados quedaron solo 4. Un atenuante en esta afirmación se da en la poca celeridad con que se corrigen y envían resultados de los concursos, hecho que también demora la confirmación del personal.

A tal punto complica las tareas en el Civil y Comercial que solamente quedaron trabajando el Juez, Secretaria, Jefa de Despacho  y una empleada que debió atender la mesa de entradas para no entorpecer aún más el desenvolvimiento del juzgado mencionado.

Paralelo 32 pudo saber que la medida (que rige en toda la provincia) tuvo tal impacto en Paraná que hubo dos Juzgados que directamente cerraron sus puertas ante la imposibilidad de poder seguir atendiendo al público. Y también en solidaridad con la protesta de quienes entienden que se trata de una medida de gran impacto, e injusta consecución en muchos casos.

El Colegio de Abogados local habría enviado una misiva solidarizándose con la situación, pero para los damnificados, poco fue el compromiso demostrado de parte de los letrados, ya que entienden que si hay un perjudicado aquí aparte de ellos, sin dudas son los abogados, “todo lo que es audiencias que no se llegaron a notificar el miércoles, y corren el riesgo de ser suspendidas hasta nuevo aviso, y solamente se reciben escritos, además de solicitar colaboración a los abogados en temas de menor importancia”, dijo a este Semanario una fuente reservada.

El Juez Del Valle, a cargo del Civil y Comercial de Victoria, también habría solicitado rever la medida hasta diciembre, ya que las notificaciones constituyen un área muy sensible al funcionamiento del juzgado, pero hasta el momento no ha tenido respuestas.

En el Juzgado de Familia, la situación tuvo una persona también separada de sus actividades, sin embargo allí se confirmó la continuidad a quien se desempeña como ordenanza.

Por estas horas las cosas están un poco más tranquilas en Fiscalía, Defensoría y Juzgado de Transición y Garantía, ya que para ellos hay un recorrido distinto en lo que hace a personal, no tienen empleados temporarios y son Ministerios independientes.

En Victoria además hay cargos que están vacantes, a pesar de que ya se rindieron los concursos para ocupar esos lugares. Tal es el caso de Escribiente Mayor y Oficial Principal, que se concursaron pero todavía no fueron corregidos. Y Oficial Auxiliar (cubierto pero de licencia).

La noticia más relevante es que esta decisión no solo genera una seria dificultad en la mayoría de los juzgados de la provincia, entorpeciendo la labor y demorando las causas, sino que desnuda la precariedad de contratación con la que se maneja la justicia (la misma que debe juzgar casos de empleadores particulares que son demandados por sus empleados por la informalidad de sus empleos). Si bien en la circular descripta se hace mención a la posibilidad de un retorno parcial a los cargos dados de baja, hay infinidad de empleados que por tener contrataciones precarias, hace más de cinco años que se desempeñan con idoneidad, pero de todos modos quedaron fuera, porque se toma en cuenta su recibo de sueldo y no la antigüedad desde cuando eran ‘Practicantes’, otra forma más de precarizar el acceso a la fuente laboral descripta.

Ley Nº 10374

En el marco de esta norma promulgada el 2 de junio pasado, se crearon 192 cupos de personal temporario para el STJ, el Ministerio Público Fiscal y de Defensa, posibilitando una planta especial de escribientes con derecho a permanencia (pero sin estabilidad), para agentes de más de 5 años.

En otro párrafo del documento, también se aclara para los que no alcancen esa antigüedad, el Superior Tribunal resolvió que continuaran prestando servicios, mientras se ejecutan todas las líneas de acción pertinentes a la adecuación de la planta. El cierre de algunos juzgados demuestra que esta adecuación se promovió de forma desordenada, o por lo menos poco favorable para el normal desempeño de estas jurisdicciones.

 

 

Fuente: Paralelo32.com.ar